Recuerdo que hace algunos años cuando el mejor policía del mundo, mi general Rosso José Serrano escribió su libro; varios agentes de policía en zonas rurales de Colombia me ofrecieron el libro; poco aficionado a la literatura castrense, les pregunte cual era la razón para que ellos, que debían estar guardando el orden y estaban en servicio estuvieran en cambio, vendiendo dicho best seller; su respuesta fue que la policía como institución les sacaba de su sueldo el valor de uno o varios libros, a cambio ellos podían obtener el número de ejemplares deducidos; ya fuera para su lectura ya fuera para recuperar lo que la gran cooperativa policial había descontado de sus sueldos. ¿Cómo no apoyar la iniciativa de mi general?; muy bien concebida debe estar la cooperativa de los entes castrenses en Colombia, que pudimos ver como empresas privadas como DEMIL (www.defensoriamilitar.org) que se encargan de la defensa en los tribunales de miembros de las Fuerzas Armadas saca parte de su presupuesto por "donaciones" "voluntarias" de los hombres de filas. Caso este que preocupa ya que si esto se hace con un libro vaya y venga, pero que ciudadanos pertenecientes a estamentos castrenses sean obligados a sacar de su sueldo un porcentaje -el que sea- para la defensa de criminales y violadores de derechos humanos y de la convención de Ginebra, es inaceptable.
Un caso particular es el del oficial que violó y asesino varios menores en Arauca, y donde la justicia penal militar esta usando todo tipo de artimañas para que el proceso termine por vencimiento de términos; lo cual es todo menos justo ya que se ha abusado del proceso y la juez que llevaba el caso fue asesinada.
Todo ciudadano Colombiano, tiene derecho al debido proceso incluidos todos los integrantes de las fuerzas armadas y de policía. Es más, parece que estuviera de moda en Colombia vivir acuartelado; ejemplo claro es el del Ex-presidente Uribe que después de su gestión, por motivos de seguridad no puede vivir sino es en una guarnición militar (Centro de Estudios Superiores de la Policía, CESPO). Lo que no es justificable desde ningún punto de vista es que la justicia penal militar y sus cárceles dentro de guarniciones militares se conviertan en lugares mas parecidos a un club social que a un centro de reclusión; es escandaloso lo que esta pasando en Tolemaida, -la base militar mas grande del país-; donde personal militar procesado por todo tipo de delitos, algunos tan graves como violación, asesinato, paramilitarismo, etc. Hacen fiestas, se pasean como Pedro por su casa cómodamente, muchos todavía exhibiendo sus cucardas de rango; hasta al mismo ejercito le ha tocado hacer operativos de re-captura, ante las denuncias de que sus reos han escapado (César Alonso Maldonado) -imagino yo que esto esta bien visto entre militares-; y esta semana llegamos a niveles mas vergonzosos, cuando el ministro del interior denunció públicamente que le fue prohibida la entrada para inspeccionar instalaciones carcelarias en Tolemaida al IMPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).
La justicia penal militar y sus instalaciones deberían ser un ejemplo para la sociedad, mas aún, cuando son ellos los directos responsables de que se ejecute la ley; pero una ley que cobije equilibradamente, justa y que sabe judicializar actos delictivos sin importar si son cometidos por ex-presidentes, congresistas, empresarios, paramilitares, guerrilleros, delincuencia común, etc. Una sociedad, sobre todo tan compleja como la nuestra, en medio de un conflicto armado de décadas y una guerra civil urbana entre civiles, mafia y bandas criminales (Paras), donde todas las instituciones han sido permeadas; una sociedad así, lo último que necesita es que la justicia no se aplique limpiamente sino que cubra con todo el peso de la ley a opositores del gobierno o civiles que no pueden permitirse pagar un abogado; mientras otros como a los “empresarios” Nule, van y los recogen en limosina y les brindan todas las garantías y buenos tratos del no criminal. Nunca los códigos penales y las condenas que la justicia aplica, se han ejercido de acuerdo al estrato en que los colombianos viven, ni mucho menos por su posición jerárquica o social; (cosa que no pasa).
La justicia penal militar no puede funcionar adecuadamente cuando la justicia ordinaria, no le sirve de ejemplo y hace las mismas fiestas que hacen en los batallones, no tienen casinos de oficiales pero si pueden contratar chefs para las comidas; en resumen, las cárceles en Colombia para empresarios, gobernantes, militares y parapoliticos, no son mas que un After Party del delito.
Notícula: Hablando de justicia, es vergonzoso como sectores políticos y medios de comunicación han usado la extradición de el narcotraficante venezolano (Walid Makled) para criticar al gobierno venezolano e indisponer y sembrar cizaña dentro del gobierno de Colombia. Les recuerdo que la justicia no se puede politizar para criticar a Chavez o quedar bien con los Estados Unidos; pero eso no lo entienden los sectores uribistas, los cuales están acostumbrados a usar la extradición para encubrir sus pirámides y parapolíticas.
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