ASAMBLEA DE LA ONU No. 68. LA RETORICA DE SANTOS.

Como muy pocas veces, Santos desde el inicio de su discurso y como él lo dice, rompiendo cierto protocolo, hasta el final, tomó como ejemplo de la violencia generalizada que ha sufrido Colombia por décadas el caso de una mujer a la cual le fue asesinado su marido, destruida su casa, una mujer desplazada, del mundo rural, una mujer victimizada por la guerra que -cree Santos- acabará con un proceso de paz en la Habana.

Copiando el modo proselitista pero de hecho no de tan buena habilidad oratoria, Santos toma este caso específico del que hablamos como lo hace Obama en sus discursos para cualquier elección o proyecto de ley (Obama healthcare, gun reform, etc); lo grave de este punto tan ilegible no es que se busquen ejemplos, pues estos abundan; lo grave es que frente al ente internacional Santos individualice situaciones sinónimas que afectan a la gran mayoría de los colombianos, mientras en el país el mismo Santos sataniza la protesta social y a esas mismas víctimas, no solo de la guerra sino de sus políticas económicas las llama ante la “opinión pública” terroristas, ayudantes de la guerrilla, infiltrados.  Lo que hace mucho mas fácil como se ha visto, victimizarlos una vez más utilizando el aparato estatal represivo; en este caso particular el ESMAD.

Otra sorpresa del discurso de Santos, es la nula mención de Nicaragua durante su intervención.  Mientras en el país, el caso de Nicaragua (http://es.wikipedia.org/iki/Fallo_de_la_Corte_de_La_Haya_en_2012_sobre_el_litigio_entre_Colombia_y_Nicaragua), es utilizado como expresión de proselitismo y de nacionalismo, extraña el silencio que Santos mantuvo durante su intervención.

Este segundo punto es importante, ya que en una disputa territorial de lustros, la Corte Internacional de Justicia CIJ (adjunta a la ONU), falló sobre la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua por la delimitación marítima y fronteriza de algunos cayos; en la que Colombia perdió unos 75.000 Kilómetros cuadrados de mar territorial.  Se debe recordar, que la CIJ como lo dice su página en internet: “Es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.” (http://www.icj-cij.org/homepage/sp/), y que sus decisiones no tienen ningún tipo de apelación, solo cierta revisión concerniente a las partes.

Una vez más, vemos como Santos guarda el lógico silencio de una cosa juzgada, ante el ente internacional mientras en Colombia su retórica es completamente diferente.  No solo no ha tenido la decencia de iniciar conversaciones con el vecino Centroamericano sobre como, realmente y directamente afecta este fallo a los pescadores y comunidades raizales sino que le ha servido para exculpar a la clase dirigente -de la que él hace parte- la responsabilidad del manejo diplomático de este caso, también como un recurso para apelar al nacionalismo guerrerista mientras se exculpa de su responsabilidad como mandatario y le apuesta a su re-elección.

Pareciera pues que en Colombia es fácil convencer hasta en lo profundo de las contradicciones lingüísticas; como el mismo Santos lo señaló el día 10 de septiembre de 2013: “El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –no es y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”.  Pero es que precisamente es por este tipo de razones que tardíamente se aducen que los países firman tratados y acuerdan tener organismos internacionales de control.  Pero estos para Santos y la clase dirigente del país parecen mas un accesorio complementario útil solamente cuando de sus intereses personales se trata.  

Mientras en Colombia la única opción que dejan las palabras de Santos es la guerra -por su negativa de aplicar el fallo-, y se mojan los periódicos afines al gobierno con titulares donde -según ellos- existe un consenso en el resto de países vecinos que rechaza las acciones “expansionistas” de Nicaragua, la realidad jurídica es muy diferente.  Y es aún más vergonzante este episodio, cuando personalidades pertenecientes a la comisión asesora de relaciones internacionales han acusado a la CIJ de manipular el fallo a favor de intereses comerciales chinos -cosa de la cual el gobierno ya se ha retractado oficialmente-; peor aún, se ha ignorado todo tipo de conciliación y de intermediación ofrecida por el presidente Ortega sobre este tema, tal vez -y como se ha hecho siempre- se tenga la creencia en el gobierno, de que ignorar al opositor es una vía legal de disenso o que aceptar la mediación es aceptar el tipo de derrota del que no quieren que les reste votos en la contienda electoral re-eleccionista de Santos.

Cabe anotar la incapacidad de los gobiernos anteriores al fallo e incluso el precedente anterior en 1903 como lo fue la perdida de Panama; así podemos leer: “La incapacidad del gobierno para prestar cuidadosa atención a las negociaciones del canal mientras el país era desgarrado por la guerra civil fue aún más grave, y esto sin mencionar el debilitamiento de la capacidad negociadora de Colombia con respecto a los atractivos de la posible construcción del canal en Nicaragua.  Oportunamente, el acuerdo que puso fin a la guerra fue el llamado Tratado de Wisconsin, firmado en noviembre de 1902 a bordo del navío estadounidense de ese nombre estacionado frente a la costa panameña.  Al igual que el tratado de paz preliminar suscrito un mes antes por las fuerzas liberales en la región de la costa caribeña, este tratado ofrecía garantías de protección personal para los ex revolucionarios, pero ninguna promesa explícita de reformas políticas.  El recurso liberal de la violencia para lograr sus objetivos había resultado, una vez más, contraproducente. El desastroso desenlace del asunto del canal llegó un año más tarde, con la exitosa separación de Panamá.” David Bushnell. 2007. pp. 220.

Por último, Santos concentró buena parte de su discurso justificando el proceso de paz que se adelanta con las FARC; iniciativa que marca un quiebre de la política de los gobiernos anteriores, de la que incluso Santos fue ministro de defensa, pero que como iniciativa tiene gran apoyo de la comunidad nacional e internacional.  Los diálogos con las FARC se realizan en La Habana, Cuba desde hace ya casi diez meses; vuelvo e insisto que esta intención del gobierno es no solo de gran sensatez y un giro grande en política después de más de medio siglo de guerra; pero al mismo tiempo es el objeto elector o re-elector del actual mandatario.

Como se viene diciendo a lo largo de estos tres puntos de la alocución de Santos, una cosa es lo que este y sus diplomáticos dicen en el exterior y la otra es como manipulan la política local para su propio beneficio.  No existe mejor ejemplo que el acuerdo en La Habana sobre el primer punto de las conversaciones con las FARC, donde hay un compromiso de crear un banco de tierras para los mas necesitados, que la ley de restitución de tierras funcione apropiadamente, una búsqueda de alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos, etc.  Un gran despliegue de sensatez y generosidad en mesa de negociación en el exterior, mientras en Colombia la región del Catatumbo se encontraba paralizada por mas de un mes por la renuencia del gobierno a concertar con los productores cocaleros formas alternativas de producción -rentable-, el paro en esta región era también una consecuencia de acuerdos y promesas olvidados por el gobierno, y la represión oficial a la que han sido sometidos los campesinos de la región.  

Santos tampoco, durante la duración del Paro Agrario, Popular y Nacional habló de casos específicos -como en la ONU- de la violencia policial.  Mientras los campesinos exigían sus derechos y contradecían la política económica neoliberal de Santos y los anteriores gobiernos, dentro de Colombia se criminalizó y estigmatizo la protesta social legítima y Santos solo tubo palabras para las fuerzas militares y policiales de reprimir las protestas y militarizar la capital.

Dentro de este mismo punto, Santos intentó legitimar el proceso de paz y de convencer la legalidad de las alternativas por él propuestas como procesos de justicia transicional que al final del proceso entrarán en efecto para la o las partes en conflicto.  Una vez más, Santos parecía pidiendo disculpas y tratando de censurar a muchos críticos -incluidas ONGs como HRW- de los mecanismos que eventualmente empleará la ley para la eventual firma de un acuerdo de paz. No solo en su afán para que la negociación de el fruto anhelado de su reelección, sino que la comunidad internacional legitime la puesta en practica de la ley o leyes que van a llevar a una solución del conflicto

Quien dirige este tipo de iniciativas no puede estar prevenido a las criticas de grupos de derechos humanos sino todo lo contrario, abierto a consensos legales internacionales de los cuales hoy día los países son miembros y están comprometidos, pero más bien parece que en el exterior Santos busca aprobación, mientras dentro de Colombia todo merece un trato como al que le dan a los vecinos: Todo se respeta pero no se aplica.

Acá la intervención de Santos:

http://gadebate.un.org/68/colombia

LO QUE VA DE SANTOYO A PATIÑO.

Santoyo y el antecedente.

Los colombianos estamos siendo testigos de como, tal vez por primera vez, el congreso y la comisión que estudia y da vía libre a los ascensos de altos oficiales, no está tomando su trabajo tan a la ligera después del precedente del general Santoyo.

Este precedente vergonzoso, que salpica no solo a esta comisión en su momento encargada del ascenso del señor Santoyo de Coronel a General, sino a la procuraduría y al mismo presidente de la república; donde unos y otros desacataron pruebas y  previas destituciones hechas por la justicia al oficial; incluso, el día donde se votó y se decidió el ascenso, el Senador Robledo manifestó la vergüenza que era ser parte del ente público cuando se tomaban tales decisiones.  Una vez como General, y apadrinado por el entonces presidente Alvaro Uribe, Santoyo ocuparía el puesto de jefe de seguridad del presidente y sería condecorado por él.  Después de ocupar tan honrosos cargos, su hoja de vida se abultaría con el llamado de los Estados Unidos, que en un acto sin precedentes en la historia del país, solicitó su extradición por vínculos con narcotráfico y paramilitarismo.  Así se convertía en el primer General de la república de Colombia extraditado y judicializado en el exterior.

De nada ha servido en este caso el fuero que poseen los militares y su reforma que esta siendo aprobada para incrementar el blindaje que tienen estos para ser juzgados por tribunales civiles, incluso, una vez aprobada la nueva reforma, será objeto de impunidad hasta para crímenes de lesa humanidad.  Pareciera pues que los militares y policías en Colombia no solo quisieran el monopolio de las armas sino  también el monopolio de la impunidad.

Existen antecedentes graves de la conducta de los militares y policías en el país: el escándalo de las cárceles castrenses llamado Tolemaida resort, los más de dos mil militares implicados y acusados de crímenes de Estado, donde sistemáticamente se secuestró, torturó y se asesinaron a mas de tres mil jóvenes para obtener prebendas salariales, vacaciones, bonos y en su defecto el gobierno pudo mostrar resultados contra las guerrillas.  Otro caso grave es la probada connivencia entre miembros del Ejercito y Policía con grupos paramilitares, donde existen también condenas de altos oficiales por masacres realizadas a los largo y ancho del territorio nacional.  Son solo algunos de los ejemplos que vinculan directamente a militares y policías con actos de delincuencia y crímenes de lesa humanidad.

Patiño y el ascenso anunciado.

Hoy, Jueves 6 de Junio del 2013 el Congreso debía aprobar los ascensos propuestos por el ejecutivo; solo el del General Patiño fue aplazado hasta el martes, donde se citará al ministro de Defensa, el Fiscal General y el Procurador General, para que se de un concepto sobre la viabilidad de ascender al militar implicado en la manipulación de pruebas y los cargos de fraude procesal en concurso con encubrimiento y falsedad ideológica; todo esto como consecuencia del  asesinato del joven Diego Felipe Becerra, caso conocido como el grafitero, donde varios agentes de policía en hechos aun no aclarados y manipulados por las autoridades dieron muerte al joven en la ciudad de Bogotá.   Inmediatamente se advirtió el hecho de posponer una decisión en este caso, voces de varios sectores, (viceministro de defensa, congresistas, etc) se manifestaron asegurando que este caso no era otro Santoyo. Al parecer recuerdan muy bien lo sucedido pero, ¿por que no compararlo?, ¿desde cuando el Congreso, la justicia o los medios de comunicación pueden ponderar que crimen es menos peor para aprobar ascensos?, o ¿simplemente se reparten soles y estrellas sin importar las graves acusaciones que pesan sobre miembros de la policía y el ejercito?.

Esto es pues lo que va de Santoyo a Patiño.  Al parecer la comisión encargada de ascender al General se esta tomando su tiempo y está tratando de buscar apoyo en otros entes de gobierno para tratar de excusar su responsabilidad sobre el tema, ya que con el escándalo y la extradición del primer general a los Estados Unidos se deterioró aun más la imagen de los congresistas y otros implicados como el  actual procurador Ordoñez.  

La impunidad que sigue siendo la regla en Colombia, crece también elevándose al rango de personalidades cada vez más importantes, donde los mecanismos de control solo funcionan por beneficios políticos dentro del creciente nepotismo y corrupción institucionales e instituidas en el país.  Evidencia de esto es el rifirrafe permanente entre la Fiscalía y Procuraduría Generales al no tener posiciones claras sobre un futuro acuerdo de paz y muchos otros casos donde una y otra pide impunidad para protegidos políticos y quienes en muchos casos los han elegido  en estos puestos.  

En conclusión, si en casos tan particulares, va a existir impunidad como lamentablemente es regla hoy en Colombia, por lo menos que los ascensos tomen el mismo tiempo que toma la justicia.  Así, por lo menos cuando algunos militares y policías brillen sus cucardas, charreteras e insignias, tal vez no sea por el clima tropical y el consecuente oxido, sino por la sangre que la impunidad regala al mando como capataces de la muerte.

JUGANDO CON CARTAS PRESTADAS DE SU PREDECESOR.

En Colombia, las cosas cambian no solo para empeorar todo sino para recurrir a cierta impunidad, ciertos derechos arbitrarios, para beneficiar a los grandes negocios y empresarios y para obtener prebendas políticas.

Esto ha hecho que cada gobierno haga reformas a la justicia, tributarias, a la salud (o lo que más bien es el negocio de los dueños de las EPSs), reformas fiscales, reformas al fuero militar y en las últimas dos décadas reformas a la Constitución de 1991, para entre muchas cosas querer perpetuarse en el poder a todo nivel.  Uno de los ejemplos mas representativos y vergonzosos de nuestra historia sucede en el gobierno del EXpresidente Uribe, donde comprando votos a los legisladores, y enmarcado legalmente en la figura de cohecho, se modificó la Carta para permitir la reelección presidencial.

El fallo de la Corte Suprema es claro al respecto.  Nunca se volvieron a llamar a elecciones y todo quedó saldado en la desmemoria que ha permitido que los colombianos vivan oprimidos por las mismas familias y políticos de turno por siglos.  Alvaro Uribe gobernó ilegítimamente cuatro años más.

Y es aquí, cuando el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos usa las cartas prestadas o el modo de operación de su predecesor: en un claro gesto de “generosidad” durante la cumbre de alcaldes donde propone que el periodo presidencial sea de seis años sin reelección, pero que como estamos en medio de un proceso de paz y por ende a este hay que politizarlo el presidente Santos se sacrificaría por la patria reeligiendose dos años más.

Después de la experiencia nefasta con la reelección presidencial anterior, donde se pretendió hacerla permanente, ¿quien puede creer en los buenos oficios de un político?; Además, como se expuso anteriormente en la sucesión que existe entre mandatarios desde que el país es republicano, no existe una continuidad en las políticas a nivel general, lo que por ende crea un gran desangre fiscal ya que los puestos desde un ministerio hasta un docente son intercambiables según partido político, trabajo de campaña, etc.  En lo único que esa sucesión ha existido con enfermizo rigor es para mantener los privilegios a las clases políticas, empresariales y asegurando contratos y dineros de instituciones como el Departamento de Estado, La Escuela de las Américas y la USAID más la impunidad necesaria a los militares.

Santos saca el haz bajo la manga con la propuesta (y tiene docenas de estos), e inmediatamente los medios se regocijan en su ajetreo sempiterno para crear  el “Estado de Opinión”, ese mismo que fue herramienta permanente de el EXpresidente Uribe para disuadir cualquier conato de oposición y lo más grave, para legitimarse por encima del poder legislativo y judicial en una clara confusión y degeneración del Estado de Derecho.

Eso es exactamente lo que usa Santos al sacar esas cartas al vacío, donde los medios sacan provecho para el análisis exhaustivo.  Lamentablemente los primeros en caer en la trampa son unos cuantos llamados alternativos como La Silla Vacía, o el Portal para la farándula burguesa antiuribista Kienyke.  Así, estas intenciones que en público se muestran sacrificadas y desinteresadas, son síntomas muy disientes de la fragilidad que inspira la Constitución para el beneficio de los mismos que han gobernado el país; así saltamos de noticia en noticia, de propuesta en propuesta donde los medios y encuestas nos miden el aceite a los colombianos en una eterna proctoscopia.  Santos es hábil al utilizar esté método al igual que lo hizo Uribe, donde la favorabilidad u oposición a sus heroicas propuestas son directamente proporcionales a la volubilidad de lo que propone.

Politizar el proceso de paz, hace que este se vea no como la esperanza para muchos de que la guerra o parte de ella cese sino como un acto oportunista.  Ese continuo “Estado de Opinión” con el que con ayuda de los medios de comunicación pretenden llegar a cambiar el Estado de Derecho es una herramienta de manipulación que aveces, solo aveces se sale de las manos; por poner un ejemplo la reforma a la justicia...se denunciará y veremos.

ENTENDIENDO LOS SAPOS QUE NO HEMOS DE TRAGARNOS.

Pareciera que existe la idea en muchos, que al término de unos acuerdos en La Habana, o ya sea por ellos, solo se podrían legitimar si existe un castigo, condena o vía punible.  A diferencia de lo que sucede, en las guerras (civiles, invasiones, etc.) los perdedores son en la mayoría de los casos enjuiciados; ejemplo de ello es Nuremberg, donde Alemania fue derrotada por los aliados y parte de los mandos militares de alto rango fueron juzgados y sentenciados a muerte; lo mismo sucedió en Irak (no necesariamente la guerra existe como justicia) y ha sucedido muchas veces en la historia.  En nuestro caso particular de ningún lado se ha ganado la guerra, por más de cinco décadas existe una confrontación histórica, nacida dentro del mismo Estado colombiano que llevo a una guerra partidista mutando durante el tiempo hasta nuestros días.  Hoy esto es lo que existe, y si se han dado los pasos y las voluntades para negociar, ese ejercicio solo se puede llevar a cabo con concesiones de ambas partes; la misma historia ha visto como -para poner un ejemplo más- Mandela en Sudáfrica no fue re-encarcelado después de que se negociaran los acuerdos de paz y su rebeldía y movilización contra el régimen racista Boer no fue siempre pacífico; incluso hubo una gran reconciliación en medio de condiciones de pobreza vergonzantes.  Los colombianos no nos vamos a tener que tragar muchos sapos como a menudo lo comentan y simplifican esa forma de tener que aceptar ignominias, pero si vamos a tener que crear una conciencia de que de parte y parte se ha causado un daño profundo a la sociedad, ese daño que desea tantas veces la venganza, tantas veces el mal, tantas veces el daño inhibitorio de la voluntad de respetar las diferencias (en todo sentido).

Es posible que nosotros como sociedad, podamos llegar a una cierta madurez que signifique ver a guerrilleros haciendo política a nivel local y nacional.  Muchas veces ponderamos el daño que nos han hecho solamente por el abuso de la dialéctica de quien ostenta el poder, o lo trasmite, en nuestro caso proviene de la misma raíz.  Así, juzgamos mucho menor a (y esta es otra prueba de nuestro lenguaje en eufemismos) los falsos positivos: doctrina del Estado donde se asesinaron sistemáticamente miles de personas, muchas más que, tal vez las asesinadas por la guerrilla en el mismo periodo de tiempo.  Ambas inexcusables pero ponderadas por la opinión de los intereses creados.

La guerra continuará después de un proceso exitoso con las FARC, continuará porque la disparidad social va a entregar a los niños y hombres a la delincuencia, al mercado de la rentabilidad: drogas, trata, contrabando, extorsión, etc.  Pero al menos nuestra tragedia será menos difícil de sobrellevar porque no podrá ya existir la manipulación de los bandos, simplemente se va a decidir (probablemente en Estados Unidos) como será y contra que, la guerra en la que seguiremos; pero esta vez la dialéctica nos va a salvar, seremos una sociedad llevada a luchar contra un enemigo que nos va a dividir mucho menos, no le regalará el oportunismo y la ventaja de las manipulaciones a los de siempre para que abusen de nosotros, el pueblo, una y otra vez.  La lucha, como siempre va a ser atroz, la violencia va a reinar en nuestra incertidumbre; pero en la zozobra, nosotros, colombianos, vamos a estar menos divididos, menos reaccionarios porque partimos en nuestro destino violento contra o hacia un objetivo menos divisor, mucho más peligroso, engendro que necesariamente va a demostrar que el bienestar y la disparidad social es parte fundamental de esa misma guerra, que la lucha contra las drogas esta perdida si no se legaliza su producción, si no se controla su mercadeo; hoy existen voces progresistas en ese sentido, seguirán creciendo mientras nuestra pila de muertos que carga nuestra conciencia generacional se reproduce...hasta la esperanza.