FALLOS JURIDICOS, RUEDAS SUELTAS DEL ROMPECABEZAS

Claro es el fallo de la corte suprema al declarar las pruebas provenientes del computador de Raul Reyes, como elementos no válidos en procesos judiciales e investigaciones. "Ninguna autoridad colombiana tiene competencia o está facultada para practicar en el extranjero inspecciones y recoger elementos por fuera de los mecanismos de cooperación internacional (...) Si un servidor público lo hace, más allá de sus propósitos, la prueba es ilegal y no admitida en el mundo jurídico"  (http://www.eltiempo.com/justicia/el-fallo-de-la-ceorte-suprema-en-el-caso-reyes-_9418386-4).  Por muy Uribe que sea o muy Santos.  Es claro también el por qué, ya que este material fue obtenido de manera ilegal, como nos recordó un columnista esta semana el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

No solo violó la constitución colombiana este hecho, sino la ley internacional; cuando el ejercito Colombiano violó la soberanía territorial ecuatoriana, en la operación que dio de baja a Raúl Reyes en este país.  Hago un paréntesis acá, para resaltar que con todo el sensacionalismo mediático y amarillista de los medios; ejemplo de esto son los titulares del diario el Tiempo, después de la operación en la que se dió de baja al mono Jojoy, cuando abiertamente afirma el diario que los computadores de Jojoy tienen 11 veces más información que los  computadores de Reyes (http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/173755/archivos-del-mono-jojoy-tienen-11-veces-mas-informacion-que-los-de-raul-reyes/), noticia que no se encuentra más en la base de datos electrónica de www.eltiempo.com.  ¿Cómo medirán en el diario colombiano la cantidad de información de una operación en la que la cadena de custodia de pruebas no se viola?.  Todas estas voces mediaticas y recordemos también la del EXpresidente, que tratan de poner siempre como ejemplo a los Estados Unidos; el país que mas clama por democracia en el mundo y saca informes unilaterales de comportamiento para los demás países y el que menos cumple y respeta la ley internacional; caso específico el operativo para dar de baja a Osama Bin Laden, violando espacio aéreo y terrestre pakistaní; clara violación a la soberanía de este país, al igual que lo hizo Colombia en su momento con Ecuador.  Puede que para muchos, que no crean en la soberanía de los demás países, por que solo la causa suprema de Colombia los hace creer que es valido cometer cualquier ilícito.  Pakistan, país aliado en la “Guerra contra el Terror” con Estados Unidos, cooperación militar que se traduce en un apoyo multimillonario a su ejercito, mucho mayor que el plan Colombia, es también este país Arabe un poseedor de armas nucleares, etc.  Aun así, el congreso pakistaní repudio el acto de los Estados Unidos en su territorio y resolvió que no permitiría otro tipo de intervención como la que sucedió para dar de baja a Bin Laden; entre paréntesis para los que todavía se escandalizan en Colombia de la reacción de Ecuador ante la invasión por parte del fuerzas armadas colombianas.

Para legitimar las acciones que finalmente terminen en una exitosa recolección de pruebas, la justicia ha creado protocolos a seguir; así, nadie va a allanar una propiedad sin previa orden o a decomisar pruebas en computadores de una EPS sin un salvoconducto legal, que permita estas pesquisas; solo el gobierno de Uribe y ahora el de Santos cree que las leyes y parámetros establecidos por estas no cuentan para ellos, para el bien superior de la patria de sus escándalos.  Así defienden a capa y espada su caballo Troyano que termino invadiendo Ecuador.

Cuando el presidente Santos, le reclama a la corte y trata de convencer a la opinión publica que las pruebas, en este caso archivos de computadores, fueron avalados por la Interpol; no entiende, que es completamente diferente el hecho de que archivos o documentos que se hayan recogido de manera ilegal (lo que ya no  se puede llamar pruebas) a que no hayan sido alterados.  Vuelve e insiste en que nunca se rompió la cadena de custodia; lo que tampoco hace que sea legitima la consecución de las mismas.  Santos como ministro y Uribe como presidente, debieron haber pensado en esto y no manejar el asunto a las patadas, glorificando a las fuerzas militares por actos que violan la ley internacional, exacerbando un nacionalismo para excusar su doctrina de: todo vale. 

Como la operación del campamento de Reyes, la información que dice tener el gobierno ya no posee ningún valor como prueba; otro vergonzoso ejemplo es la operación Jaque, donde Wikileaks desenmascaró el soborno del gobierno a  unos guerrilleros y una vez más violó normas internacionales por usar indebidamente los símbolos de la Cruz Roja sin ninguna autorización. (¿Que será de estos guerrilleros extraditados a Estados Unidos?).  Una vez más el éxito solo se quedo en el aplauso.

Por otra parte, la Corte Suprema no responde adecuadamente al tipo de fallo, en relación a la obtención de pruebas, primero, por que produce después de mas de dos años del suceso, tiempo suficiente para que hasta el gobierno financiara con dineros privados un estudio por parte de un instituto Ingles; aun cuando sostiene que estos documentos son un secreto máximo del gobierno Colombiano; sí, los que no fueron secreto máximo fue la información dentro de estos archivos utilizada para acusar y desprestigiar a la oposición.   Debido también a una gran presión y desprestigio por parte de Uribe hacia la corte, su gobierno fue permisivo a la hora de usar estas informaciones de un modo aleatorio contra otros gobiernos de la región.  En su fallo, la corte sí debería haber extendido un llamado a que se vuelvan a examinar todos los casos donde se ha utilizado esta información de los computadores de Reyes como prueba (según la fiscalía 29 casos).

Otra contradicción es la posición del presidente de la corte, cuando frente a los medios de comunicación responde: “la Corte hizo un análisis netamente jurídico y judicial, (pero) respetó rotundamente la operación militar”(http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articulo-271623-no-se-puede-pasar-encima-de-normas), donde podía pensar uno que la corte para no demeritar la actuación del entonces ministro de defensa y hoy presidente, legitima la acción militar (que viola leyes internacionales), mientras que al mismo tiempo rechaza la validez de las pruebas. Estas contradicciones con un tinte de politización, no son muy bien vistas, ya que como máximo estamento jurídico y a pesar de que hayan querido opacar su importancia, la Corte Suprema de Justicia, está el mismo nivel que el ejecutivo.

Notícula:  Importante el llamado que hace al gobierno el representante a la cámara Ivan Cepeda de retirar de sus cargos a todos los diplomáticos colombianos envueltos en algún tipo de proceso judicial.  La política de enviar a otros países a personas tanto civiles como militares envueltos en violaciones a la ley, no solo deja una mala imagen del país a nivel internacional, sino que perpetua la impunidad y dificulta la actuación de justicia.(http://www.radiosantafe.com/2011/05/20/ivan-cepeda-pidio-al-presidente-que-separe-de-sus-cargos-a-embajadores-cuestionados/).

CUANDO LA PRIMAVERA NOS DESPIERTE

“La primavera del mundo Arabe” es como los medios masivos de comunicación llaman a las protestas y levantamientos populares del norte de Africa y la península Arábiga.  Sin descalificar los años de oposición popular, la cantidad de inmigrantes y exiliados; el hecho que desbordó los causes de inconformismo popular se da en Tunisia, Mohammed Bouazizi, vendedor informal, que fue vilipendiado y maltratado por las fuerzas del orden, decomisando sus instrumentos de trabajo; sin  quedarle otra opción mas que su dignidad avasallada por su propio gobierno; su último acto de protesta, puso fin a su vida y al mismo tiempo, sin que haya nunca podido medir en que desembocaría este, Mohammed se auto inmolo prendiendose fuego frente a las oficinas gubernamentales.  Este acto desesperado, marcaría el despertar de la revuelta popular que terminó con mas de 30 años de autocracia protagonizada por Ben Alí; quien fuera de pretender perpetuarse en el poder, alimentó una nepótica corrupción administrativa de grandes proporciones; paralelo importante con Colombia, donde el EXpresidente Uribe, quería perpetuarse en el poder y al igual que Alí en Túnez, modificó la constitución para poderse reelegir.  Es comparable también el sinnúmero de casos de corrupción que empiezan a aflorar, dejados por el anterior gobierno colombiano.

Igual que en Latinoamérica, la hipócrita reacción de los Estados Unidos y la Union Europea, al ver la masificación de las protestas no tuvieron mas remedio que cambiar de posición y pasar de ver, según ellos, un régimen autoritario a defender los derechos constitucionales de los ciudadanos; igual que en Egipto, Yemen y ahora Siria.  Sin una alternativa para mediar y sostener a estos regímenes anquilosados en el poder, ya que estos, respondieron con una escalada de violencia, la cual, no le permitía a EU y la UE ser bien vistos, sino repudiaba estas acciones en estos países.  Hipócrita como siempre el actuar de occidente, porque en comparación con el caso de Honduras, la administración Obama, tardó 2 semanas en cambiar su posición de repudio al golpe de estado por el apoyo y mantenimiento del gobierno de facto.  Me atrevo a especular aquí, que estratégicamente Honduras solo podía tener a SotoCano (base militar norteamericana), mientras que la mayoría de los pueblos en revuelta del medio oriente y Africa, son ricos en hidrocarburos; países como Egipto, administra el canal del Suez, por donde pasan gran cantidad de importaciones provenientes de Asia y el medio oriente hacia Europa; otro caso es el de Siria, que comparte frontera con Israel; pero en su conjunto, estos países en el despertar de la primavera Arabe, son punto geográfico estratégico para mantener las guerras de Irak,  Afganistán y ahora Libia.

Luego que en menos de un mes, cayera el régimen de Túnez, Egipto fue protagonista de lo que sus habitantes llaman revolución: 18 días de protesta que hicieron de la plaza Taharir, el punto dramático y protagonista de las protestas que finalmente forzaron a Hosni Mubarak abandonar el poder, después de mas de 30 años de un régimen dictatorial, donde tanto él como Alí (en Tunicia), fueron parte de las fuerzas militares antes de convertirse en autócratas.  Vale la pena detenerse y hacer un paralelo entre la realidad Colombiana y la situación egipcia; País del norte de África que ha mantenido una alta censura a los medios de comunicación.  Al igual que en Colombia mas del 50% de la población esta por debajo de la línea de pobreza y ambos países comparten un gran porcentaje de informalidad laboral, una creciente pauperización de la clase media, causada por el incremento en impuestos, valor de los alimentos y los combustibles;  este símil es importante porque aunque en Egipto el 40% de la población tiene algún tipo de educación superior; dato que sobrepasa el porcentaje en Colombia; en ambos países los jóvenes son el sector de la población con mayor desempleo (Colombia con más del 22%).

Siendo incomparable, los niveles de censura son mucho mayores en el país africano; aun así podemos encontrar un derrotero de similitudes; entendiendo que en Egipto no existe un conflicto armado, ni grupos guerrilleros; incluso los niveles de violencia no son siquiera cercanos a los padecidos en Colombia.  Aunado al problema del invierno que ha inundado miles de hectáreas y desplazado unos tres millones de personas en Colombia; donde el aumento de la pobreza y la división entre ricos y clase media crece a pasos agigantados; y parte de la clase trabajadora que puede acceder a servicios como el de salud, encuentra un sistema   -copia del estadounidense-, con una corrupción campante y completamente antiético; sistema eficientista que ahorra en detrimento de las condiciones de salud y la ética médica; otro ejemplo es del sector financiero, con ganancias millonarias cada trimestre, uno de los mas costosos del mundo, al igual que los combustibles en el país.

Esa constante en el detrimento de las condiciones de vida y las libertades constitucionales de los pueblos, que podríamos llamar no en desarrollo sino en vía de ser explotados por occidente, china e India; hace mucho mas manifiesto el descontento con sus gobernantes.  A diferencia de los países del medio oriente y Norte del Africa, Colombia ha privatizado sus recursos naturales y las compañías rentables del estado, las cuales han sido vendidas al capital extranjero, diferente de estos otros países que si bien permiten una influencia grande de potencias externas, sus monarcas y gobernantes son dueños de grandes negocios estatales para su propio usufructo y de sus familiares; pero también para sostener los regímenes que han construido.

Una mirada breve a otros 3 países que son noticia en este levantamiento popular, son: Yemen, uno de los países mas pobres de la península arábiga, punto estratégico de la lucha de Estados Unidos contra Al Qaeda; régimen de mas de 30 años de opresión y vilipendio a su población.  El reino de Bahrein, conjunto de islas y base de la V flota estadounidense. Desde el levantamiento popular el gobierno ha respondido con mano dura y los Estados Unidos con su actitud siempre hipócrita repudia la violencia contra la población civil mientras su secretario de defensa pide a Arabia Saudita tanques y tropa para controlar las protestas y que su puerto permanezca seguro, así como esta monarquía.  En Siria, siguiendo el mismo patrón  histórico de regímenes autocráticos; regido por la familia Assad hace más de 30 años, aprovechándose de un estado de emergencia; muy parecido a el que se inventan en Colombia para dar vía libre a proyectos de ley, que en otras condiciones no serian aprobados.  Después de las presiones de Estados Unidos y la UE, Siria levanto su estado de emergencia, e intenta algún tipo de reformas para calmar la animosidad, que a causa de la represión del gobierno se han registrado más 800 personas asesinadas. En este país, es tal vez donde occidente entra en un conflicto de intereses mucho mayor ya que Siria limita con Israel, Líbano e Iran.

Quisiera hacer aquí un paralelo mas global, tal vez mas resumido pero el punto en el cual insisto es que si bien existen otros factores para que estas revueltas sucedan; como Wikileaks; la realidad es que estos levantamientos populares son la consecuencia de décadas de negligencia, de gobiernos corruptos, que han empobrecido a la población y  se han encargado de privatizar y vender los recursos naturales y puntos estratégicos a las grandes potencias del mundo.  Colombia debe mirar este despertar Arabe como un ejemplo del cual, si se sigue por el camino neoliberal, con su impunidad rampante y de la mano de la corrupción; y al mismo tiempo sigue empobreciendo y vilipendiando mas a su población; un día la primavera que despierte a Colombia estará protagonizada por un pueblo agotado de gobiernos que no han hecho sino endeudarlo, esclavizarlo y vender su dignidad.

APLICANDO SEMANTICA PARA AHORRAR EN LAS VICTIMAS

Conflicto o no conflicto; mas bien parece una disputa concertada para desviar la atención de todo el mundo, especialmente de los medios de comunicación que en su afán por sus titulares de escándalo amarillista, solo hecha leña al fuego; pero la realidad, cualquiera sea la diferencia de fondo (dialéctica) si existe o no el conflicto, o si esa frase es acuñada en un proyecto de ley, solo se debe a que existe un gran interés de no reconocer dentro de la ley de víctimas, a la que solo le falta una sesión para ser aprobada; a todas aquellas personas que han sido victimizadas por la delincuencia común, teniendo en cuenta que el gobierno ahora llama delincuentes comunes a las BACRIM; organización criminal no heredera pero que tiene activa todas las estructuras paramilitares, pero sin las mismas cabezas visibles; lo que nos lleva al problema dialéctico  de fondo, del cual se piensa aprovechar el ejecutivo para, protegiendo sus intereses presupuestarios; por que es preferible ver que partidas del presupuesto sean mejor repartidas dentro de la corrupción oficial, como hemos visto con ejemplos claros como el de la salud, o el de los Nule y tantos otros que le quedan pequeño al etcétera al final de la frase, que reparando a las víctimas de un conflicto que existe por mas de media centuria.

Tanto Uribe como Santos en su disputa -si es que existe- se salen con la suya; siendo su diferencia simplemente semántica; ya que Uribe insiste en que si se dice que hay conflicto interno en Colombia, es por antonomasia una forma de dar un estatus de importancia a la guerrilla y que los vecinos, ósea los países que él repudia por su independencia y su ideología diferente no nombren a la guerrilla como Uribe quisiera que la nombrara todo el mundo, no FAR sino terroristas. En una carta enviada al ejecutivo Uribe da a conocer diez puntos por los cuales no se debe acuñar este nombre; si nos detenemos en el numeral siete podemos leer: “7. En el pasado nadie aceptó reconocer conflicto interno con los paramilitares. Tanto estos grupos como las guerrillas han sido igualmente destructores del Estado Social de Derecho, lo cual exige trato idéntico”.  Sí, completamente deacuerdo que se de un trato idéntico, lo que no hizo Uribe en su gobierno con la pretensión de que se diera estatus de beligerancia a los paramilitares.  Mientras tanto Santos, solo está interesado en acuñar el nombre de conflicto interno para señalar a grupos bien conformados alzados en armas, y que aquellas víctimas que quedan dentro de la fecha de expiración que contempla la ley, no estén cobijadas, las víctimas reales por un conflicto interno, que son las producidas por la delincuencia común, siendo esta,  la que pone el mayor número de asesinatos y crímenes en el país.  Esa delincuencia común en donde quieren enmarcar a las BACRIM como sus siglas y juego dialéctico lo dice: Bandas criminales, donde, sin título de rigor los muertos que ponen estas no pueden ser cobijados ni reconocidos por la ley ni el gobierno, ¡ni mas faltaba!.

Así que en la batalla dialéctica-semántica que desvía la importancia del asunto, Santos y su predecesor salen ganando; ya que si se consideran a las BACRIM delincuencia común, da pie para eximir de culpa la pantomima de desmovilizaciones paramilitares; convencer de que las BACRIM son un fenomeno nuevo es reconocer como verdadera la desmovilizacion paramilitar, donde el gobierno anterior habla de mas de 30,000 paramilitares desmovilizados, y en los últimos Twitteres de Uribe habla de mas de 50,000; siendo el número relevante para otras cuestiones; desconoce aquí, que los desmovilizados reales, que solo pudieron ser solamente unos cuantos y los que nunca se desmovilizaron son los que forman parte de las nuevas bandas criminales, dialécticamente hablando paramilitares sin nombre propio.  Bandas que continúan perpetrando los mismos crímenes y tratando de monopolizar el negocio del narcotráfico.  

Gana la seguridad democrática, gana la prosperidad democrática y sin cabezas visibles, ya que Uribe unilateralmente extradito a los jefes paramilitares, da una razón de mas para el gobierno de juzgar como delincuencia común algo sin cabeza, que tiene los mismos integrantes, crea la misma violencia, produce los mismos actos terroristas y hace las ciudades invivibles,  Ahora resulta que estos que no tienen nombre propio sino un apodo para generalizar los grupos que, desde las convivir, hasta el narcoparamilitarismo ha existido; esa ausencia de nombre, simplemente es utilizada, para soportar la tesis de que se desmovilizo, que se hizo la paz y una ley de reinserción que flagrantemente se violó; y librar de responsabilidad de actos terroristas a estas bandas calificándolas solo como delincuencia común.  Ponderar el crimen según como sean calificados quienes lo sufren es desconocer el conflicto humanitario en el que se encuentra el país.

Gana Uribe, Santos y las BACRIM.  pero la responsabilidad para con las víctimas, todas las víctimas así sean las de la delincuencia común causada por la falta de empleo, por el desplazamiento forzoso, por el invierno, por la falta de garantías constitucionales, es responsabilidad última del gobierno.  Ese gobierno tan interesado en presupuestos, que nunca se ha preguntado ahora que esta tan preocupado de no reparar a las víctimas de la mal llamada delincuencia común, cuanto vale para el estado sostener un criminal, cuanto vale el aparato carcelario.

Así que no dejemos que desacuerdos semánticos nos distraigan de las malas intenciones y la discriminación que se piensa hacer de las víctimas.  No juguemos a que, por no poner nombres o títulos a los actores criminales conformados por los entonces paramilitares tienen que excusarse o verse como delitos de un rango menos grave llamándolos delincuencia común; es repudiable cualquier acto violento, especialmente contra la población venga de donde venga; y la constitución nacional manda a la protección y vida de todos los ciudadanos sin que por ahorrar en un presupuesto de una ley, los victimarios sean menos peores unos que otros.

Notícula: Si cabe alguna duda sobre la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, y ya que se tiene encuenta el presupuesto nacional para tomar cualquier acción beneficiosa con las víctimas; es importante conocer y evaluar las partidas presupuestarias asignadas a las fuerzas armadas.

18 AÑOS DE CORRUPCION, ROBO E INEFICIENCIA; A COSTA DE LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS

EXCELENTE PONENCIA Y DENUNCIA DE EL SENADOR ROBLEDO

INTERSECCION IMPUNE

A la memoria de Ernesto Sabato

“...a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.

Erenesto Sabato

Informe de la CONADEP sobre crímenes cometidos durante la dicatura militar Argentina (1976-1983)

Con mas de 25 años de diferencia, estos dos eventos, con protagonistas diferentes pero pertenecientes a los mismos sectores, se pueden comparar: el holocausto del Palacio de Justicia y los falsos positivos; ambos casos protagonizados por el ejercito nacional de Colombia, actuando o pretendiendo actuar contra la guerrilla.  En ambos casos, el ejercito es gestor y responsable de crímenes de lesa humanidad, secuestro, desapariciones forzadas y tortura.

Si bien, la toma del palacio de justicia por la guerrilla del M-19 es un acto reprochable, aun siendo políticamente motivado, no deja de ser un acto de hecho, de fuerza, que está y siempre estará por fuera de la ley, así ayer como hoy, la justicia en Colombia no funcione, más del 40% de las cámaras estén siendo representadas por el narcoparamilitarismo, así el estado no sea garante de aplicar lo establecido por las leyes y la Constitución.  Hay que comprender que estos actos de hecho, se producen en un país donde no existe una equidad social, donde los derechos constitucionales para la mayoría no existen; no intento justificar la acción del desmovilizado grupo guerrillero, pero en Colombia, las vías de hecho históricamente nacen de la represión del estado, por su incapacidad para con sus ciudadanos. Reprochable en cambio, es la actuación del ejercito, que en ningún momento y por ninguna circunstancia se le estaba y -nunca estará- constitucionalmente permitido contener actos criminales usando la fuerza desmedida, secuestrando, torturando y ajusticiando no solo guerrilleros, sino civiles inocentes, muchos de los cuales salieron vivos del palacio y el ejercito se encargo de devolverlos sin vida, manipulando pruebas y en otros casos desapareciendo pruebas y cuerpos.

Este caso es comparable a el de los falsos positivos, donde, una vez más, por ordenes superiores, se necesita mostrar resultados contra la guerrilla, utilizando el conteo de cuerpos como estrategia; lo que llevó a los militares, igual que en el Palacio de Justicia a abusar de su autoridad, secuestrar, torturar y ajusticias jóvenes de estratos bajos (Mas de 3000 casos), para mostrar resultados contra la insurgencia.  Ambos casos, cuentan con la connivencia de las altas esferas estatales. Ejemplos claros de esto: la censura a los medios de comunicación mientras se desarrollaban los hechos en el Palacio de Justicia por parte de la entonces ministra de comunicaciones Noemí Sanin, o la defensa de los militares por parte del EXpresidente Uribe, acusando a las víctimas de  ser terroristas.

¿Por qué comparar dos actos atroces que involucran a las fuerzas armadas?; algunos dirán que es incomparable por el número de víctimas, el numero es irrelevante cuando víctimas existen, peor aún, cuando son víctimas de estado.  Pero es que estos dos hechos confluyen una vez mas encarnados en la figura del actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Cuando con sus declaraciones esta semana criticó la condena dada por la Corte Suprema al general Arias Cabrales (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-266423-santos-califica-de-injusta-condena-contra-arias-cabrales), a 35 años de cárcel por crímenes cometidos durante la retoma de palacio; crítica que contradice su promesa de no interferir sobre la justicia en su discurso de posesión: “Como demócrata integral, creo y defenderé siempre la independencia de la justicia en Colombia, condición esencial de la separación de poderes, que es el alma de la democracia moderna. Por eso hoy reitero mi invitación a las Altas Cortes para que trabajemos en completa armonía, buscando una justicia pronta y eficaz para todos los colombianos, y combatiendo la impunidad, que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Restableceremos el Ministerio de Justicia como un Ministerio de Justicia y de los Derechos que articule una política de Estado para fortalecer la justicia y proteger los derechos fundamentales. Será un ministerio que no sólo tendrá interlocución con el Poder Judicial sino que liderará la estrategia jurídica del Estado, preservará la coherencia legislativa y velará por la formación de los abogados. UN MINISTERIO, MÁS QUE RESPETUOSO, GARANTE DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL”.

Al parecer todo queda en papel.  Esa intersección de la que hablo, la que ocupa hoy Santos como antes la ocupó Uribe es la que trata por todos los medios de que prevalezca la impunidad, ejemplo del pasado gobierno este cable de Wikileaks (http://www.wikileaks.ch/cable/2009/02/09BOGOTA542.html), que muestra la resistencia de oficiales activos a la investigación de los asesinatos en el caso de los falsos positivos; peor aun, la oposición de generales retirados como Montoya (ex-comandante de la brigada 17), o Rito Alejo del Rio y personajes como Fernando Londoño tratando de bloquear cualquier iniciativa por detener estos abusos por parte del entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, cuando ya era tarde y la iniciativa salía del escándalo.  Hasta la fecha del cable (Febrero 20 de 2009) el ministerio de defensa había retirado de las fuerzas militares un total de 51 miembros incluyendo oficiales, suboficiales y soldados; 27 de estos, solo por el caso de Soacha. 

No solo basta con criticar el papel de la justicia y sus cortes, una vez más, esta semana el presidente Santos acude a esa intersección de la impunidad para resaltar la captura de tres personas, supuestamente o él supone o quiere que todos supongamos (porque no habido juicio) autores materiales del asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona; que llevaba el caso ¡oh paradójico! del oficial del ejercito que violó y asesino a tres menores.  Así, fue como al mejor estilo de creación de otro falso positivo el presidente Santos dio todos los detalles del asesinato y dicto veredicto: "Esta mañana se resolvió el asesinato.  Hay tres detenidos, al parecer milicianos del ELN" (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-266395-capturan-los-presuntos-responsables-del-crimen-de-jueza-de-arauc).  Resuelta la paradoja, no excusa los actos criminales perpetrados por los militares.  La intersección de la que hablo, es ese punto de poder encarnado por los mandatarios de turno para criticar el papel de la justicia, entorpecerlo; y para que otros casos simplemente se limiten a ese estado de la inercia, tan común en nuestra Colombia como es la impunidad.

  

Otro aparte del prologo de Sabato sobre la dictadura Argentina, relevante a nuestra realidad de impunidad: “De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de «excesos individuales»? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la delegación argentina, General Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores» . Así, cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los «excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia» , revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados”.         http://www.losderechoshumanos.com.ar/sabato.htm