ASAMBLEA DE LA ONU No. 68. LA RETORICA DE SANTOS.

Como muy pocas veces, Santos desde el inicio de su discurso y como él lo dice, rompiendo cierto protocolo, hasta el final, tomó como ejemplo de la violencia generalizada que ha sufrido Colombia por décadas el caso de una mujer a la cual le fue asesinado su marido, destruida su casa, una mujer desplazada, del mundo rural, una mujer victimizada por la guerra que -cree Santos- acabará con un proceso de paz en la Habana.

Copiando el modo proselitista pero de hecho no de tan buena habilidad oratoria, Santos toma este caso específico del que hablamos como lo hace Obama en sus discursos para cualquier elección o proyecto de ley (Obama healthcare, gun reform, etc); lo grave de este punto tan ilegible no es que se busquen ejemplos, pues estos abundan; lo grave es que frente al ente internacional Santos individualice situaciones sinónimas que afectan a la gran mayoría de los colombianos, mientras en el país el mismo Santos sataniza la protesta social y a esas mismas víctimas, no solo de la guerra sino de sus políticas económicas las llama ante la “opinión pública” terroristas, ayudantes de la guerrilla, infiltrados.  Lo que hace mucho mas fácil como se ha visto, victimizarlos una vez más utilizando el aparato estatal represivo; en este caso particular el ESMAD.

Otra sorpresa del discurso de Santos, es la nula mención de Nicaragua durante su intervención.  Mientras en el país, el caso de Nicaragua (http://es.wikipedia.org/iki/Fallo_de_la_Corte_de_La_Haya_en_2012_sobre_el_litigio_entre_Colombia_y_Nicaragua), es utilizado como expresión de proselitismo y de nacionalismo, extraña el silencio que Santos mantuvo durante su intervención.

Este segundo punto es importante, ya que en una disputa territorial de lustros, la Corte Internacional de Justicia CIJ (adjunta a la ONU), falló sobre la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua por la delimitación marítima y fronteriza de algunos cayos; en la que Colombia perdió unos 75.000 Kilómetros cuadrados de mar territorial.  Se debe recordar, que la CIJ como lo dice su página en internet: “Es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.” (http://www.icj-cij.org/homepage/sp/), y que sus decisiones no tienen ningún tipo de apelación, solo cierta revisión concerniente a las partes.

Una vez más, vemos como Santos guarda el lógico silencio de una cosa juzgada, ante el ente internacional mientras en Colombia su retórica es completamente diferente.  No solo no ha tenido la decencia de iniciar conversaciones con el vecino Centroamericano sobre como, realmente y directamente afecta este fallo a los pescadores y comunidades raizales sino que le ha servido para exculpar a la clase dirigente -de la que él hace parte- la responsabilidad del manejo diplomático de este caso, también como un recurso para apelar al nacionalismo guerrerista mientras se exculpa de su responsabilidad como mandatario y le apuesta a su re-elección.

Pareciera pues que en Colombia es fácil convencer hasta en lo profundo de las contradicciones lingüísticas; como el mismo Santos lo señaló el día 10 de septiembre de 2013: “El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –no es y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”.  Pero es que precisamente es por este tipo de razones que tardíamente se aducen que los países firman tratados y acuerdan tener organismos internacionales de control.  Pero estos para Santos y la clase dirigente del país parecen mas un accesorio complementario útil solamente cuando de sus intereses personales se trata.  

Mientras en Colombia la única opción que dejan las palabras de Santos es la guerra -por su negativa de aplicar el fallo-, y se mojan los periódicos afines al gobierno con titulares donde -según ellos- existe un consenso en el resto de países vecinos que rechaza las acciones “expansionistas” de Nicaragua, la realidad jurídica es muy diferente.  Y es aún más vergonzante este episodio, cuando personalidades pertenecientes a la comisión asesora de relaciones internacionales han acusado a la CIJ de manipular el fallo a favor de intereses comerciales chinos -cosa de la cual el gobierno ya se ha retractado oficialmente-; peor aún, se ha ignorado todo tipo de conciliación y de intermediación ofrecida por el presidente Ortega sobre este tema, tal vez -y como se ha hecho siempre- se tenga la creencia en el gobierno, de que ignorar al opositor es una vía legal de disenso o que aceptar la mediación es aceptar el tipo de derrota del que no quieren que les reste votos en la contienda electoral re-eleccionista de Santos.

Cabe anotar la incapacidad de los gobiernos anteriores al fallo e incluso el precedente anterior en 1903 como lo fue la perdida de Panama; así podemos leer: “La incapacidad del gobierno para prestar cuidadosa atención a las negociaciones del canal mientras el país era desgarrado por la guerra civil fue aún más grave, y esto sin mencionar el debilitamiento de la capacidad negociadora de Colombia con respecto a los atractivos de la posible construcción del canal en Nicaragua.  Oportunamente, el acuerdo que puso fin a la guerra fue el llamado Tratado de Wisconsin, firmado en noviembre de 1902 a bordo del navío estadounidense de ese nombre estacionado frente a la costa panameña.  Al igual que el tratado de paz preliminar suscrito un mes antes por las fuerzas liberales en la región de la costa caribeña, este tratado ofrecía garantías de protección personal para los ex revolucionarios, pero ninguna promesa explícita de reformas políticas.  El recurso liberal de la violencia para lograr sus objetivos había resultado, una vez más, contraproducente. El desastroso desenlace del asunto del canal llegó un año más tarde, con la exitosa separación de Panamá.” David Bushnell. 2007. pp. 220.

Por último, Santos concentró buena parte de su discurso justificando el proceso de paz que se adelanta con las FARC; iniciativa que marca un quiebre de la política de los gobiernos anteriores, de la que incluso Santos fue ministro de defensa, pero que como iniciativa tiene gran apoyo de la comunidad nacional e internacional.  Los diálogos con las FARC se realizan en La Habana, Cuba desde hace ya casi diez meses; vuelvo e insisto que esta intención del gobierno es no solo de gran sensatez y un giro grande en política después de más de medio siglo de guerra; pero al mismo tiempo es el objeto elector o re-elector del actual mandatario.

Como se viene diciendo a lo largo de estos tres puntos de la alocución de Santos, una cosa es lo que este y sus diplomáticos dicen en el exterior y la otra es como manipulan la política local para su propio beneficio.  No existe mejor ejemplo que el acuerdo en La Habana sobre el primer punto de las conversaciones con las FARC, donde hay un compromiso de crear un banco de tierras para los mas necesitados, que la ley de restitución de tierras funcione apropiadamente, una búsqueda de alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos, etc.  Un gran despliegue de sensatez y generosidad en mesa de negociación en el exterior, mientras en Colombia la región del Catatumbo se encontraba paralizada por mas de un mes por la renuencia del gobierno a concertar con los productores cocaleros formas alternativas de producción -rentable-, el paro en esta región era también una consecuencia de acuerdos y promesas olvidados por el gobierno, y la represión oficial a la que han sido sometidos los campesinos de la región.  

Santos tampoco, durante la duración del Paro Agrario, Popular y Nacional habló de casos específicos -como en la ONU- de la violencia policial.  Mientras los campesinos exigían sus derechos y contradecían la política económica neoliberal de Santos y los anteriores gobiernos, dentro de Colombia se criminalizó y estigmatizo la protesta social legítima y Santos solo tubo palabras para las fuerzas militares y policiales de reprimir las protestas y militarizar la capital.

Dentro de este mismo punto, Santos intentó legitimar el proceso de paz y de convencer la legalidad de las alternativas por él propuestas como procesos de justicia transicional que al final del proceso entrarán en efecto para la o las partes en conflicto.  Una vez más, Santos parecía pidiendo disculpas y tratando de censurar a muchos críticos -incluidas ONGs como HRW- de los mecanismos que eventualmente empleará la ley para la eventual firma de un acuerdo de paz. No solo en su afán para que la negociación de el fruto anhelado de su reelección, sino que la comunidad internacional legitime la puesta en practica de la ley o leyes que van a llevar a una solución del conflicto

Quien dirige este tipo de iniciativas no puede estar prevenido a las criticas de grupos de derechos humanos sino todo lo contrario, abierto a consensos legales internacionales de los cuales hoy día los países son miembros y están comprometidos, pero más bien parece que en el exterior Santos busca aprobación, mientras dentro de Colombia todo merece un trato como al que le dan a los vecinos: Todo se respeta pero no se aplica.

Acá la intervención de Santos:

http://gadebate.un.org/68/colombia

LO QUE VA DE SANTOYO A PATIÑO.

Santoyo y el antecedente.

Los colombianos estamos siendo testigos de como, tal vez por primera vez, el congreso y la comisión que estudia y da vía libre a los ascensos de altos oficiales, no está tomando su trabajo tan a la ligera después del precedente del general Santoyo.

Este precedente vergonzoso, que salpica no solo a esta comisión en su momento encargada del ascenso del señor Santoyo de Coronel a General, sino a la procuraduría y al mismo presidente de la república; donde unos y otros desacataron pruebas y  previas destituciones hechas por la justicia al oficial; incluso, el día donde se votó y se decidió el ascenso, el Senador Robledo manifestó la vergüenza que era ser parte del ente público cuando se tomaban tales decisiones.  Una vez como General, y apadrinado por el entonces presidente Alvaro Uribe, Santoyo ocuparía el puesto de jefe de seguridad del presidente y sería condecorado por él.  Después de ocupar tan honrosos cargos, su hoja de vida se abultaría con el llamado de los Estados Unidos, que en un acto sin precedentes en la historia del país, solicitó su extradición por vínculos con narcotráfico y paramilitarismo.  Así se convertía en el primer General de la república de Colombia extraditado y judicializado en el exterior.

De nada ha servido en este caso el fuero que poseen los militares y su reforma que esta siendo aprobada para incrementar el blindaje que tienen estos para ser juzgados por tribunales civiles, incluso, una vez aprobada la nueva reforma, será objeto de impunidad hasta para crímenes de lesa humanidad.  Pareciera pues que los militares y policías en Colombia no solo quisieran el monopolio de las armas sino  también el monopolio de la impunidad.

Existen antecedentes graves de la conducta de los militares y policías en el país: el escándalo de las cárceles castrenses llamado Tolemaida resort, los más de dos mil militares implicados y acusados de crímenes de Estado, donde sistemáticamente se secuestró, torturó y se asesinaron a mas de tres mil jóvenes para obtener prebendas salariales, vacaciones, bonos y en su defecto el gobierno pudo mostrar resultados contra las guerrillas.  Otro caso grave es la probada connivencia entre miembros del Ejercito y Policía con grupos paramilitares, donde existen también condenas de altos oficiales por masacres realizadas a los largo y ancho del territorio nacional.  Son solo algunos de los ejemplos que vinculan directamente a militares y policías con actos de delincuencia y crímenes de lesa humanidad.

Patiño y el ascenso anunciado.

Hoy, Jueves 6 de Junio del 2013 el Congreso debía aprobar los ascensos propuestos por el ejecutivo; solo el del General Patiño fue aplazado hasta el martes, donde se citará al ministro de Defensa, el Fiscal General y el Procurador General, para que se de un concepto sobre la viabilidad de ascender al militar implicado en la manipulación de pruebas y los cargos de fraude procesal en concurso con encubrimiento y falsedad ideológica; todo esto como consecuencia del  asesinato del joven Diego Felipe Becerra, caso conocido como el grafitero, donde varios agentes de policía en hechos aun no aclarados y manipulados por las autoridades dieron muerte al joven en la ciudad de Bogotá.   Inmediatamente se advirtió el hecho de posponer una decisión en este caso, voces de varios sectores, (viceministro de defensa, congresistas, etc) se manifestaron asegurando que este caso no era otro Santoyo. Al parecer recuerdan muy bien lo sucedido pero, ¿por que no compararlo?, ¿desde cuando el Congreso, la justicia o los medios de comunicación pueden ponderar que crimen es menos peor para aprobar ascensos?, o ¿simplemente se reparten soles y estrellas sin importar las graves acusaciones que pesan sobre miembros de la policía y el ejercito?.

Esto es pues lo que va de Santoyo a Patiño.  Al parecer la comisión encargada de ascender al General se esta tomando su tiempo y está tratando de buscar apoyo en otros entes de gobierno para tratar de excusar su responsabilidad sobre el tema, ya que con el escándalo y la extradición del primer general a los Estados Unidos se deterioró aun más la imagen de los congresistas y otros implicados como el  actual procurador Ordoñez.  

La impunidad que sigue siendo la regla en Colombia, crece también elevándose al rango de personalidades cada vez más importantes, donde los mecanismos de control solo funcionan por beneficios políticos dentro del creciente nepotismo y corrupción institucionales e instituidas en el país.  Evidencia de esto es el rifirrafe permanente entre la Fiscalía y Procuraduría Generales al no tener posiciones claras sobre un futuro acuerdo de paz y muchos otros casos donde una y otra pide impunidad para protegidos políticos y quienes en muchos casos los han elegido  en estos puestos.  

En conclusión, si en casos tan particulares, va a existir impunidad como lamentablemente es regla hoy en Colombia, por lo menos que los ascensos tomen el mismo tiempo que toma la justicia.  Así, por lo menos cuando algunos militares y policías brillen sus cucardas, charreteras e insignias, tal vez no sea por el clima tropical y el consecuente oxido, sino por la sangre que la impunidad regala al mando como capataces de la muerte.

JUGANDO CON CARTAS PRESTADAS DE SU PREDECESOR.

En Colombia, las cosas cambian no solo para empeorar todo sino para recurrir a cierta impunidad, ciertos derechos arbitrarios, para beneficiar a los grandes negocios y empresarios y para obtener prebendas políticas.

Esto ha hecho que cada gobierno haga reformas a la justicia, tributarias, a la salud (o lo que más bien es el negocio de los dueños de las EPSs), reformas fiscales, reformas al fuero militar y en las últimas dos décadas reformas a la Constitución de 1991, para entre muchas cosas querer perpetuarse en el poder a todo nivel.  Uno de los ejemplos mas representativos y vergonzosos de nuestra historia sucede en el gobierno del EXpresidente Uribe, donde comprando votos a los legisladores, y enmarcado legalmente en la figura de cohecho, se modificó la Carta para permitir la reelección presidencial.

El fallo de la Corte Suprema es claro al respecto.  Nunca se volvieron a llamar a elecciones y todo quedó saldado en la desmemoria que ha permitido que los colombianos vivan oprimidos por las mismas familias y políticos de turno por siglos.  Alvaro Uribe gobernó ilegítimamente cuatro años más.

Y es aquí, cuando el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos usa las cartas prestadas o el modo de operación de su predecesor: en un claro gesto de “generosidad” durante la cumbre de alcaldes donde propone que el periodo presidencial sea de seis años sin reelección, pero que como estamos en medio de un proceso de paz y por ende a este hay que politizarlo el presidente Santos se sacrificaría por la patria reeligiendose dos años más.

Después de la experiencia nefasta con la reelección presidencial anterior, donde se pretendió hacerla permanente, ¿quien puede creer en los buenos oficios de un político?; Además, como se expuso anteriormente en la sucesión que existe entre mandatarios desde que el país es republicano, no existe una continuidad en las políticas a nivel general, lo que por ende crea un gran desangre fiscal ya que los puestos desde un ministerio hasta un docente son intercambiables según partido político, trabajo de campaña, etc.  En lo único que esa sucesión ha existido con enfermizo rigor es para mantener los privilegios a las clases políticas, empresariales y asegurando contratos y dineros de instituciones como el Departamento de Estado, La Escuela de las Américas y la USAID más la impunidad necesaria a los militares.

Santos saca el haz bajo la manga con la propuesta (y tiene docenas de estos), e inmediatamente los medios se regocijan en su ajetreo sempiterno para crear  el “Estado de Opinión”, ese mismo que fue herramienta permanente de el EXpresidente Uribe para disuadir cualquier conato de oposición y lo más grave, para legitimarse por encima del poder legislativo y judicial en una clara confusión y degeneración del Estado de Derecho.

Eso es exactamente lo que usa Santos al sacar esas cartas al vacío, donde los medios sacan provecho para el análisis exhaustivo.  Lamentablemente los primeros en caer en la trampa son unos cuantos llamados alternativos como La Silla Vacía, o el Portal para la farándula burguesa antiuribista Kienyke.  Así, estas intenciones que en público se muestran sacrificadas y desinteresadas, son síntomas muy disientes de la fragilidad que inspira la Constitución para el beneficio de los mismos que han gobernado el país; así saltamos de noticia en noticia, de propuesta en propuesta donde los medios y encuestas nos miden el aceite a los colombianos en una eterna proctoscopia.  Santos es hábil al utilizar esté método al igual que lo hizo Uribe, donde la favorabilidad u oposición a sus heroicas propuestas son directamente proporcionales a la volubilidad de lo que propone.

Politizar el proceso de paz, hace que este se vea no como la esperanza para muchos de que la guerra o parte de ella cese sino como un acto oportunista.  Ese continuo “Estado de Opinión” con el que con ayuda de los medios de comunicación pretenden llegar a cambiar el Estado de Derecho es una herramienta de manipulación que aveces, solo aveces se sale de las manos; por poner un ejemplo la reforma a la justicia...se denunciará y veremos.

ENTENDIENDO LOS SAPOS QUE NO HEMOS DE TRAGARNOS.

Pareciera que existe la idea en muchos, que al término de unos acuerdos en La Habana, o ya sea por ellos, solo se podrían legitimar si existe un castigo, condena o vía punible.  A diferencia de lo que sucede, en las guerras (civiles, invasiones, etc.) los perdedores son en la mayoría de los casos enjuiciados; ejemplo de ello es Nuremberg, donde Alemania fue derrotada por los aliados y parte de los mandos militares de alto rango fueron juzgados y sentenciados a muerte; lo mismo sucedió en Irak (no necesariamente la guerra existe como justicia) y ha sucedido muchas veces en la historia.  En nuestro caso particular de ningún lado se ha ganado la guerra, por más de cinco décadas existe una confrontación histórica, nacida dentro del mismo Estado colombiano que llevo a una guerra partidista mutando durante el tiempo hasta nuestros días.  Hoy esto es lo que existe, y si se han dado los pasos y las voluntades para negociar, ese ejercicio solo se puede llevar a cabo con concesiones de ambas partes; la misma historia ha visto como -para poner un ejemplo más- Mandela en Sudáfrica no fue re-encarcelado después de que se negociaran los acuerdos de paz y su rebeldía y movilización contra el régimen racista Boer no fue siempre pacífico; incluso hubo una gran reconciliación en medio de condiciones de pobreza vergonzantes.  Los colombianos no nos vamos a tener que tragar muchos sapos como a menudo lo comentan y simplifican esa forma de tener que aceptar ignominias, pero si vamos a tener que crear una conciencia de que de parte y parte se ha causado un daño profundo a la sociedad, ese daño que desea tantas veces la venganza, tantas veces el mal, tantas veces el daño inhibitorio de la voluntad de respetar las diferencias (en todo sentido).

Es posible que nosotros como sociedad, podamos llegar a una cierta madurez que signifique ver a guerrilleros haciendo política a nivel local y nacional.  Muchas veces ponderamos el daño que nos han hecho solamente por el abuso de la dialéctica de quien ostenta el poder, o lo trasmite, en nuestro caso proviene de la misma raíz.  Así, juzgamos mucho menor a (y esta es otra prueba de nuestro lenguaje en eufemismos) los falsos positivos: doctrina del Estado donde se asesinaron sistemáticamente miles de personas, muchas más que, tal vez las asesinadas por la guerrilla en el mismo periodo de tiempo.  Ambas inexcusables pero ponderadas por la opinión de los intereses creados.

La guerra continuará después de un proceso exitoso con las FARC, continuará porque la disparidad social va a entregar a los niños y hombres a la delincuencia, al mercado de la rentabilidad: drogas, trata, contrabando, extorsión, etc.  Pero al menos nuestra tragedia será menos difícil de sobrellevar porque no podrá ya existir la manipulación de los bandos, simplemente se va a decidir (probablemente en Estados Unidos) como será y contra que, la guerra en la que seguiremos; pero esta vez la dialéctica nos va a salvar, seremos una sociedad llevada a luchar contra un enemigo que nos va a dividir mucho menos, no le regalará el oportunismo y la ventaja de las manipulaciones a los de siempre para que abusen de nosotros, el pueblo, una y otra vez.  La lucha, como siempre va a ser atroz, la violencia va a reinar en nuestra incertidumbre; pero en la zozobra, nosotros, colombianos, vamos a estar menos divididos, menos reaccionarios porque partimos en nuestro destino violento contra o hacia un objetivo menos divisor, mucho más peligroso, engendro que necesariamente va a demostrar que el bienestar y la disparidad social es parte fundamental de esa misma guerra, que la lucha contra las drogas esta perdida si no se legaliza su producción, si no se controla su mercadeo; hoy existen voces progresistas en ese sentido, seguirán creciendo mientras nuestra pila de muertos que carga nuestra conciencia generacional se reproduce...hasta la esperanza.

"Ellos no tenían más arma que su pobreza". Arzobispo Jaime Tovar

¡EL VIDEO QUE EL GOBIERNO COLOMBIANO NO QUIERE QUE VEAMOS!

EURO: UNA MONEDA EN CAPITALISMO DE EXTINCION.

Tomado de: http://slotadicto.blogspot.com/2011/11/cartas-abiertas-crisis-griega.html

CAPITULO GRECIA.

Los dos entes más poderosos de la economía europea son: el banco central europeo (BCE) y el gobierno Alemán; la Unión Europea (U.E.) establecida hace una década y compuesta por veintisiete estados, está regida por siete instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el tribunal de justicia y el BCE.  Al interior de la U.E. solo diecisiete de los veintisiete estados comparten el Euro como moneda común.  Grecia incorpora el uso de esta moneda desde el 2001.

La crisis económica mundial, que comienza en Estados Unidos a finales de 2007, afecta también al resto del mundo industrializado.  Los mercados y el capital financiero son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria en ambos lados del Atlántico, logrando que las economías más poderosas del mundo entren -hasta ahora- en recesión.  Otros factores externos sin que estén completamente aislados de la responsabilidad que recae en el sistema financiero son: el alto costo en las materias primas, crisis alimentaria, calentamiento global y como consecuencia un aumento en el número y frecuencia de desastres naturales y el creciente desempleo.  Se puede afirmar que este fenómeno del capitalismo es una crisis de crédito.  Una vez los bancos y las instituciones financieras se encuentran en riesgo de quiebra, los gobiernos de E.U. y la U.E. deciden inyectar grandes cantidades de dinero proveniente de las contribuciones (impuestos) objetando una lista interminable de excusas, desde que es inviable la economía mundial, hasta que estas instituciones son demasiado “grandes” para caer (To big to fail); o como lo llama Michael Moore: el gran robo del siglo.  

Zizek lo describe como: “La suprema ironía, “socializar” el sistema bancario es aceptable cuando este sirve para salvar el capitalismo. El socialismo es malo excepto cuando este sirve para estabilizar el capitalismo”.  Hay una razón práctica para que en realidad se haya actuado de este modo, es indudable que el capitalismo ha permeado las sociedades a todo nivel, añade Zizek: “el capitalismo es el primer orden socio-económico que de-totaliza el significado; con lo cual se puede acomodar a todas las civilizaciones en un nivel de “verdad sin significado””.  Este hecho hace que dentro del mismo capitalismo no sea posible desligar a la economía  real o fuerza de trabajo productiva (manufactura, bienes, servicios), y la economía especulativa (Bolsas de mercado, Wall Street).  Así lo explica Guy Sorman: “No hay una racionalidad económica para distinguir al capitalismo virtual del capitalismo real: nada real ha sido producido sin que primero haya sido financiado”.

Esta crisis del crédito especulativo, tiene en recesión a la economía europea y en una profunda depresión económica a varios países a su interior, entre ellos: España, Portugal, Irlanda y Grecia.  Este último fue protagonista central de la crisis en la Eurozona, entre finales del 2011 y principio del 2012, ya que para  responder a sus compromisos fiscales, Grecia ha acudido a ayudas financieras al interior de la U.E., lo que ha sumido este país en una crisis mucho mayor  que posteriormente como hemos sido testigos, ha necesitado más prestamos de rescate económico; no sin antes pactar compromisos y recortes de su presupuesto que directamente afectan a toda su población.

Un factor de la crisis o bancarrota Griega fue su entrada prematura a la Comunidad Económica Europea, en la cual se pactaron ciertas metas y compromisos -algunos de ellos extremos- que Grecia debía cumplir.  Al mismo tiempo la entrada de Grecia a la U.E. es vista como una muestra de retaliación hacia Turquía, que buscó su ingreso a la U.E. siéndole negado por la existencia de su conflicto centenario con Grecia.  Hoy es posible también que poco le importe a Turquía el ingreso a este grupo ya que su economía es una de las más estables de la región y por el reciente conflicto diplomático con Francia, que ha pretendido legislar sobre su historia.

Una vez el gobierno Griego manifiesta su inhabilidad para hacer los pagos a sus acreedores (Bancos, Poseedores de bonos), la bolsa y los mercados especulativos europeos caen en picada, ante la imposibilidad de imprimir libremente papel moneda por tener una moneda unificada con el resto de la Eurozona y su emisión controlada por el BCE; más la dificultad para vender bonos de deuda o bonos de el tesoro griego, dificultad manifiesta en la falta de confianza y de su habilidad de pago por parte de el gobierno central, hace que estos bonos no sean atractivos en el mercado y consecuentemente tengan un alto porcentaje de interés que es dictado  por el sistema financiero internacional según los riesgos de cada economía.  Bajo este ambiente económico se hace casi imposible para Grecia cumplir con las obligaciones fiscales adquiridas.

Pero esta historia casi mitológica de la economía griega no termina ahí, como bien lo expone Naomi Klein en The Shock Doctrine: “ The history of contemporary free market was written in shocks.  Some of the most infamous human rights violations of the past thirty-five years, which have tended to be viewed as sadistic acts carried out by anti-democratic regimes, were in fact either committed with the deliberate intent of terrorizing the public or actively harnessed to prepare the ground for the introduction of radical free-market reforms.”(La historia del mercado libre contemporáneo ha estado escrita en choques. Algunas de las mas infames violaciones a los derechos humanos en los últimos treinta y cinco años; las cuales han sido presentadas como actos sádicos llevados a cabo por regímenes antidemocráticos, fueron de hecho, cometidas con intención deliberada de aterrorizar al público o crear las amarras para preparar el terreno de las reformas del libre mercado radical).  Estos Shocks como los llama Klein, pueden verse claramente como eventos determinantes en la crisis griega.

El primero de estos Shocks podría ser cuando luego de  negociarse el primer préstamo de rescate, el gobierno griego anuncia nuevamente su imposibilidad eventual de efectuar los pagos; las reacciones ante este hecho no se hacen esperar, hasta el punto que se especula la salida de Grecia de la U.E., como lo hizo hace poco un alto funcionario del Citibank al acuñar un nuevo término para referirse a este como: Grexit (Grecia exit o salida de Grecia).  Ante esta nueva y predecible crisis que se podría convertir en el mejor ejemplo de Déjà vu capitalista, una vez más, con la gran presión por parte del gobierno Alemán y su papel protagónico como la economía más poderosa de Europa, comienza para el gobierno griego una larga serie de discusiones para renegociar su deuda, llegando a tal punto que el gobierno griego abiertamente plantea la posibilidad de entrar en bancarrota y por ende sumir a toda la Eurozona en una crisis económica mucho más profunda que hasta ahora.

¿Democracias en Europa?

Conocidas las condiciones para el nuevo préstamo de rescate de la economía griega, el primer ministro Papandreus en el marco de la reunión del G20 en Cannes, propone que las medidas de austeridad mandadas por la U.E. y la banca mundial  o troica (La Comisión Europea, el BCE y el Fondo Monetario Internacional) sean decididas a nivel popular en un referendo, inmediatamente la U.E. y en su cabeza Alemania, critica duramente la posibilidad que el pueblo griego pueda decidir sobre su propio futuro y acepte o no, las medidas que en definitiva afectarán la vida de cada uno de sus ciudadanos.

El shock no se hace esperar y Papandreus es forzado a dejar su puesto como primer ministro del gobierno.  Es reemplazado por Lucas Papademos, político de la coalición de derecha y ex-funcionario del BCE, para Alemania y la U.E. todo un tecnócrata, término acuñado por la hegemonía económica mundial para llamar a los dictadores provisionales que aprobarán las medidas dictadas por el gran capital y los intereses de economías más poderosas.  Otro ejemplo de gobiernos dictatoriales de transición económica es el que actualmente rige a Italia.  Mario Monti es desde noviembre de 2011 el primer ministro y ministro de economía italianas.  Como datos curiosos, “Monti fue miembro de la directiva del Grupo Bilderberg, fue presidente de Bruegel.  Monti fue también asesor de The Coca-Cola Company y de Goldman Sachs, durante el período en que esta compañía ayudó a ocultar el déficit del gobierno griego de Kostas Karamanlis." (http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Monti).

Ante estos hechos, es difícil pensar en la existencia de verdaderas democracias, si es que el término democracia alguna vez fue el indicado para señalar a los gobiernos occidentales.  Es posible afirmar, que los entendidos en macroeconomía se equivocan cuando sostienen que ya no se puede hablar de economías nacionales sino de transnacionales, es imposible aseverar esto, cuando el gran capital y el libre mercado necesitan de la burocracia oficial de cada país (cada economía) para implementar sus mandatos.

Shock #2

Las nuevas negociaciones entre el gobierno Griego y la troica en busca de un préstamo de rescate para su economía de unos 130.000 millones de euros, comprometen al gobierno de Papademos con recortes en el sector público, recortes en pensiones y en salarios de hasta un 25%, y que los fondos recibidos por Grecia sean manejados en una cuenta exclusiva para que un 70% se entreguen directamente  a sus acreedores, en especial los  bonos que vencen o maduran en marzo del 2012.  No siendo estas medidas dictadas suficientes, Alemania manifestó su intención de acabar con la poca dignidad e independencia que le queda a Grecia queriendo imponer un “eurocomisario”, con poder de veto que controle los “mayores capítulos del gasto” griego. (http://www.lavanguardia.com/economia/20120128/54245638176/un-documento-aleman-pide-un-comisario-para-grecia.html).  

Irónicamente, se podría decir que en comparación con Estados Unidos, la idea de un eurodiputado es mucho más civilizada que todas y cada una de las dictaduras e intervenciones que tanto en Latinoamérica como en África y Medio Oriente han sido motivadas por un interés, predominantemente económico. Cabe señalar algunas de estas últimas intervenciones como el caso del golpe de estado en Honduras para mantener la base militar estadounidense de Soto Cano, y más recientemente la invasión a Libia con su predecible guerra civil, por mencionar algunas.  ¿Hasta dónde llegará ésta colonización económica?, o simplemente respondiendo a los intereses del mercado especulativo y del gran capital los países periféricos a las potencias económicas no se les permitirá tener una libertad de legislar y decidir su futuro y veremos simplemente oficinas de intereses para cada uno de estos países periféricos (económicamente hablando) que regirán sus mandatos.  El colonialismo tiene muchas formas pero un único interés.

El Fin y Zizek.

Gracias al gran despliegue diplomático y el  esfuerzo por conservar los intereses del capital financiero mundial, Alemania es hasta hora el único país de la Eurozona que no ha sido degradado de categoría por las compañías financieras.  Muy poco o nada la principal economía de Europa tiene que ganar ante esta crisis; pero si se plantean situaciones como la salida de Grecia de la Eurozona, Alemania podría entrar en una depresión económica, arrastrando al resto del mundo industrializado a una crisis casi permanente; el Euro sufriría una gran falta de confianza por parte del mercado especulativo, lo que implicaría que para países como Alemania, que mantiene cierto equilibrio deficitario vendiendo bonos de su tesoro con intereses bajos para mantener su burocracia y economía funcionando. Podría resultar por primera vez, en una quiebra de las mayores economías que han implementado el Euro como moneda común.

Por su parte el gobierno de transición griego aceptó las exigencias de la troica y se espera que, sean aprobadas en los próximos días por el congreso, mientras seis ministros han renunciado y  sus calles -mientras escribo este artículo-, se han convertido en el único recurso para la independencia y dignidad: protestas y protestas como hechos generalizados en el resto del mundo contra un sistema que va ha ser defendido por los poderosos hasta nuestra extinción.

Zizek nuevamente añade: “El efecto inmediato de la crisis no será el auge de políticas radicales de emancipación, sino un aumento en el populismo racista, más guerras, incremento de la pobreza en los países del tercer mundo, y grandes divisiones entre ricos y pobres en el interior de todas las sociedades”.

Impunity de Juan Lozano y Hollan Morris.

Pulse en el enlace para ver el documental

http://vimeo.com/27211869

"Colombia, años 2.000: tras la desmovilización de más de 30 mil paramilitares acusados del asesinato de miles de colombianos se inicia un proceso judicial con algunos comandantes desmovilizados. Un momento histórico en el país. Impunity es un testimonio revelador del encuentro entre víctimas y victimarios en los estrados judiciales, y del apoyo de sectores políticos, militares y económicos en la guerra paramilitar. Impunity es un grito por la justicia, en nombre de las víctimas, y un recorrido por los hallazgos y dificultades que se presentan en este camino seguido por Colombia en nombre de “la paz y la justicia”. ¿Logrará Colombia superar la impunidad?"

LA MEDIDA DE LA REACCION O LA JUSTICIA EN VACACIONES.

Tomado de: http://enajenacion.wordpress.com/2011/01/02/¿paramilitares-desmovilizados-en-colombia/

Todo parece indicar, que la desmovilización por parte del grupo armado ERPAC, va a quedar empañada por un tufillo de vacío estatal; incapacidad de la justicia y por un recuerdo indeleble de los montajes de desmovilizaciones del anterior gobierno presidido por Álvaro Uribe.

Más de doscientos cincuenta miembros de esta organización criminal y narcotraficante se desmovilizaron la víspera de navidad; sin embargo cabe señalar, que de parte del gobierno solo se ha podido observar una incapacidad tan grande que raya con la negligencia.

Si por el contrario esta banda criminal producto del paramilitarismo, los desmovilizados provinieran de un frente guerrillero cualquiera (FARC, ELN), el gobierno no solo estaría festejando, sino que se llevaría todo el crédito de tal éxito; se haría no un teatro sino un circo de operaciones, no importarían las vacaciones de fin de año; ministros, gobernadores, alcaldes, gandules, presidentes estarían presentes en la desmovilización. Los medios ictéricos de la patria estarían a ritmo de bombos y platillos haciendo titulares, se exaltarían los avances del gobierno, se mostrarían todos esos porcentajes que acaban con la guerrilla: Los ahora sí por ciento, el fin se acerca por ciento, es el fin por ciento, el fin del fin por ciento, el post-fin por ciento; y todas esas amarillas aritméticas.

Pero en cambio, las medidas de reacción ante los últimos eventos, simplemente emiten un mensaje contradictorio que solo exacerba la sensación del vacío estatal, del poder de la impunidad y de la improvisación de la justicia.

No era nuevo, que esta banda criminal se fuera a desmovilizar, declaraciones de su jefe hace algunas semanas (http://www.semana.com/nacion/vamos-someter/167751-3.aspx), daban por un hecho este proceder, así que cuando el ministro Vargas Lleras sale a decir que no ha habido un acuerdo previo querrá decir ¿que el gobierno ha ignorado este hecho tan importante para el bien de los colombianos afectados por la violencia generada por esta banda en la región del oriente colombiano?, o ¿será que el gobierno está avergonzado de como la justicia ha procedido?, ¿existirá algún pre-acuerdo debajo de la mesa que será negado rotundamente por el alto gobierno?.

Por otra parte la justicia realmente hace que Colombia se sienta orgullosa de ser el único país, donde algún individuo o grupo criminal se entrega y depone sus armas y la justicia no lo asegura o formula cargos porque según ésta, cometería un secuestro o secuestro masivo según el número de implicados. Es así como la Fiscalía General respondió ante la puesta en libertad de más de doscientos integrantes desmovilizados de esta banda criminal (http://www.semana.com/nacion/deteniamos-podiamos-incurrir-secuestro-masivo/169678-3.aspx); mientras que por mucho menos que una presunción, el gobierno ha encarcelado opositores, espiado periodistas y jueces.

La reacción de la justicia crea grandes interrogantes a cerca de este proceso de desmovilización, si es verdad que no existe un pre-acuerdo es muy extraño que se aseguren a los cabecillas y que los demás miembros (más de docientos) se dejen en libertad; hasta se escuchó la protesta generalizada por este accionar y finalmente, los organismos de justicia fueron obligados a tomar medidas para asegurar a todos los miembros desmovilizados que habían sido enviados a sus hogares.  Es también sospechoso que no se mencione por parte de sectores del gobierno o medios de comunicación, la posibilidad de que algunos de estos cabecillas sean extraditados.

La actitud del gobierno a todo nivel solo puede demostrar la gran desigualdad al momento de emitir juicios, interpretar la justicia o su accionar entre narcotraficantes, grupos paramilitares, bandas emergentes de extrema derecha, ambos vinculados con el tráfico de drogas que ha permeado el aparato estatal a todo nivel (ahí una razón para este tipo de actitud) y las guerrillas o por hacer una descripción más detallada, los grupos narcotraficantes que así se hacen llamar.

Si por algo debe propender la justicia es por la uniformidad ante él o los sujetos a los que se aplica, pero esto es mucho pedir en Colombia; cuando por las fiestas de fin de año se mandan a los criminales a sus casas, hasta que por azar algún día del año venidero la justicia comience.

Corridos más de doscientos años de vida republicana, todavía queda la sensación de que la justicia, no ha podido comenzar todavía.

Notaría, ¿Notaría?

Definitivamente cuando uno sobrevive la historia de Colombia en los últimos tres períodos presidenciales, no hay frase más unánime para definir en su conjunto a estos que la atribuida a K. Marx cuando parafraseando a Hegel dice: "La historia se repite a sí misma, primero como tragedia y luego como farsa"; Luego agregaría Herbert Marcuse: "Algunas veces, la repetición en forma de farsa, puede ser más terrible que la tragedia original".

Hace ya más de un lustro, los colombianos fuimos testigos de como, para ser aprobada la reelección presidencial en el Congreso de la República, se compraron conciencias, se cometieron cohechos, se repartieron notarías como favores políticos a cambio de votos para que esta iniciativa fuera aprobada.  Uno de los casos más conocidos fue el del ex representante Teodolino Avedaño.

Tal como lo expuso la revista Semana: “Tras la condena a los ex representantes Teodolino Avendaño y Yidis Medina por haber recibido prebendas a cambio de su voto favorable al proyecto de reelección se destapó el caso de la feria de las notarías. Éstas presuntamente fueron entregadas por el Gobierno como “forma de pago” a los congresistas.

En el proceso, el testigo clave fue el propio ex Súper Intendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, quien con documentos en mano, entregó una relación de los políticos que posiblemente fueron beneficiados con la entrega de las notarías a cambio de su voto favorable al proyecto de reelección que abrió la puerta para que Álvaro Uribe se presentara a las elecciones de 2006”. http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=139017 Y : “El ex superintendente de Notariado y Registro le confesó a la Corte Suprema cómo se entregaron más de 30 notarías para pasar la reelección”. http://www.semana.com/politica/ventilador-notarias/125628-3.aspx

Una vez aprobada ilegalmente la reelección presidencial es posible decir que aunada a los ya trágicos primeros cuatro años en la presidencia del ahora expresidente Álvaro Uribe Velez, la historia se repetiría una vez más fuera de la legitimidad legal como farsa.

Esta farsa o ilegalidad corroborada por la Corte Suprema de Justicia, no impidió que el elegido por un cuatrienio más a la presidencia de la república cumpliera el termino de la misma, e incluso que promoviera un referendo para -una vez más- ser elegido por un tercer período presidencial, algo así como la repetición de la farsa dentro de la farsa.

Ante el fallo negativo a una tercera reelección presidencial, el nuevo presidente de Colombia sería Juan Manuel Santos.   Una de las más recientes iniciativas de su gobierno es la reforma a la justicia; donde las notarías vuelven a ser protagonistas en la historia del país.  En este caso particular se les enmarca en la modificación a la Constitución Política numeral cuarto del TEXTO APROBADO POR LA COMISION PRIMERA DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 07 DE 2011 DE SENADO: 

ARTÍCULO 4°.  El artículo 116 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

La ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinados empleados judiciales, salvo recaudar pruebas, proferir sentencias o decisiones que pongan fin a los procesos.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

La ley podrá atribuir, excepcionalmente y a prevención, función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas de carácter técnico. Las decisiones que le pongan fin a estas actuaciones serán apelables ante las autoridades judiciales, salvo las excepciones previstas en la ley. Sin embargo, no les será permitido juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por la ley o por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

De manera excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje y/o conciliación.

Teniendo como antecedentes el uso de las notarías como herramienta ilegal por parte del ejecutivo, para comprar votos en el Congreso que garanticen la aprobación de sus iniciativas legislativas; existen otros dos puntos fundamentales, por los cuales no se les debería investir a éstas con funciones jurisdiccionales: la legalización del despojo de tierras en todo el país y el riesgo de que los actores que impartan justicia pertenezcan a sectores privados que no garanticen el mandato de la Constitución Política de Colombia, en el sentido de que todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado en instancias jurídicas y a un juez; investir como jueces a terceros es  deslegitimar el trabajo de los miembros judiciales y privatizar la justicia.

Despojo de Tierras.

El martes trece de diciembre fue aprobado por la Cámara de Representantes, el artículo que confiere funciones jurisdiccionales a los notarios; esto se traduce en más poder para muchos que están involucrados con el despojo de la tierra en el país.  Se calcula según las cifras oficiales el robo de más de medio millón de hectáreas de tierra. Las que fueron legalizadas a través de notarias.  Como consecuencia de estos actos, miles de campesinos y legítimos dueños de la tierra se convirtieron en desplazados por la violencia, ya que grupos armados ilegales como los paramilitares, fueron los encargados de desplazar a los dueños de las tierras para que éstos mismos grupos o empresas privadas y multinacionales pudieran luego hacerse a los títulos de las tierras, lo que se hizo con el concurso de notarios que fueron sobornados o estaban vinculados con grupos paramilitares, que como el resto de instituciones públicas y privadas fueron permeadas por este fenómeno en todo el país, incluido entre ellas el Congreso de la República.

En declaraciones a los medios,“El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar aseguró que mediante prácticas fraudulentas y en la penumbra de las notarias y oficinas de registro del Estado delincuentes le robaron al Estado Colombiano miles de hectáreas de tierras”. (http://www.caracol1260.com/noticia/el-despojo-ilegal-de-tierras-afecta-a-todo-el-pais-minagricultura/20110826/nota/1537602.aspx).  También el Súper Intendente de Notariado y Registro habla sobre las investigaciones que se adelantan sobre este aspecto: (http://www.youtube.com/watch?v=EvqPu5AXvi0).  Así que, en el ejemplo hipotético, en el que un notario con facultades de juez esté frente a un caso de disputa por tierras, ¿tendrá este, la investidura legal frente a los antecedentes expuestos?; y es aquí donde la repetición en forma de farsa, va a llegar a ser con todo el apoyo del Estado más terrible que la tragedia original.

La Privatización Inconstitucional de la Justicia.

El argumento del ejecutivo para introducir este cambio constitucional que confiere funciones jurisdiccionales a los notarios se debe a la gran congestión en que se encuentra el sistema judicial; si bien la reforma a la justicia incrementa el presupuesto en un dos por ciento más que la inflación y se tiene destinado un billón de pesos que será asignado a esta rama durante los próximos cinco años, a los casos existentes ya acumulados se aúnan la gran cantidad de otros, producto del conflicto armado, iniciativas como la ley de justicia y paz y la enorme corrupción administrativa de los anteriores dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Velez. Tragedia y farsa respectivamente.

Este argumento a todas luces va en contra de la Constitución y convenios internacionales, ya que el servicio que prestan las notarias está motivado por el animo de lucro, mientras la justicia es un derecho constitucional de cada ciudadano.  Además, los gastos de operación de los notarios para impartir justicia serían cubiertos por el Estado, como lo cuestiona Maria Del Pilar Arango: “¿Implicará la reforma que el Estado destine recursos para adecuar y dotar las instalaciones donde los notarios atenderán a los usuarios? ¿Por qué esos recursos no se destinan a contratar personal capacitado para la administración de justicia?”. También agrega: “Ante la gigantesca congestión en los juzgados, se propone trasladar los casos a notarios y abogados para que decidan en primera y única instancia. Esta fórmula peregrina y pseudocreativa en realidad es injusta, regresiva, inconveniente, contraria a los tratados internacionales…y además es inútil. No hay otra solución que contratar más jueces”. ( http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2614-la-congestion-judicial-pretexto-para-privatizar-la-justicia-.html).  No es claro el mecanismo de selección o financiación económico con el que contará el Estado para hacer posible que esta gestión jurisdiccional se realice.

Para finalizar, Así como lo ha dicho el presidente de la república en varias de las iniciativas que ha impulsado en su gobierno -como la ley de víctimas-, dando a entender que lo que persigue el Estado y su gobierno es aplicar justicia, reparar a las víctimas y que los delitos no queden en la impunidad; reformas como esta que impulsa su gobierno son todo lo contrario a estas declaraciones. Ejemplo de esto son las personas a las que se quiere adjudicar esta función de jueces que en muchos casos no son idóneas, no solo por su falta de experiencia en la rama judicial como por los antecedentes de corrupción que los comprometen para investirlos con tan delicada función.  Casi se podria decir que la restitución de tierras que promueve la ley de víctimas la contradice la reforma a la justicia, cuando los directos responsables de legalizar el despojo de tierras, se les pretende dar funciones jurisdiccionales, lo que se traduce en más poder para estos últimos.

Esta reforma a la justicia en términos generales, pareciera que persigue la privatización de la misma, cuando usa terceros para descongestionar los juzgados, impunidad para miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía que hayan cometido crímenes, ampliando el fuero militar y permite que funcionarios encargados de vigilar y supervisar al Estado y sus organismos, sean solo elegidos por el Congreso sin la intervención de las altas cortes, lo que implica que el ejecutivo tenga siempre la posibilidad de proponer ternas para Procurador General o Contralor, no por méritos ni calidades, sino que sea una elección nepótica y partidista.

En fin, no puede uno más que pensar cuando se analizan estas iniciativas que enmiendan la Constitución y van en contra de todo principio ético, que en gran medida Herbert Marcuse tenia la razón: “Algunas veces, la repetición en forma de farsa, puede ser más terrible que la tragedia original”, y eso, es lo que los colombianos estamos descubriendo con Juan Manuel Santos.

UN JUGADOR DE PÓKER HACIENDO CARAMBOLAS

En su camino hacia la gloria, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, necesariamente tiene que beneficiar al estamento castrense con todo tipo de beneficios ante la ley.  

Pero, ¿cómo se consigue la gloria?: Alcanzando la paz, o cierta paz, que signifique un proceso de diálogo o desmovilización con las guerrillas u otros actores violentos que el gobierno trata de desconocer como tal; esa relativa paz, se  daría en la medida en que los violentos, enmarcados en una dialéctica del conflicto armado se desmovilicen; más no implica que exista una paz verdadera, ya que, estos grupos se autofinancian con el narcotráfico; y mientras este, sea un negocio ilegal no se podrá hablar de una paz duradera. 

¿Por qué,  se tiene que beneficiar con prebendas legales a las Fuerzas Armadas y de Policía?: durante décadas de conflicto interno, las Fuerzas Armadas en Colombia han tenido un papel protagónico como instrumento del poder plutocrático o económico/hegemónico, siendo utilizadas por la clase dirigente para forzar la balanza política en el país, como sucedió durante la lucha partidista en las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XX, la lucha contra el narcotráfico cuando este existía  con carteles bien definidos, la lucha contra las guerrillas desde los años sesenta y en nuestra historia reciente, esa misma lucha contra el narcotráfico del que hacen partes las guerrillas y los grupos paramilitares hoy llamados también bandas criminales o BACRIM. 

Las Fuerzas Armadas y de Policía hacen parte de una historia, al servicio de grupos de poder; donde el gobierno legítimo no ha poseído ni posee hoy día su exclusividad, como se ha corroborado,  cuando estas han sido cómplices con grupos paramilitares o narcotraficantes y han marcado la historia de Colombia de sangre e impunidad; ejemplos representativos de estos trágicos eventos son: la masacre de las bananeras en 1928, la retoma del palacio de Justicia,  su complicidad en decenas de masacres como El Salado, Bojayá, La Rochela o las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, por mencionar algunos casos de la historia nacional, en los que, las Fuerzas Armadas abusaron de su poder para perpetrar o ser cómplices de violaciones a la ley,  a la Constitución, a el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Este incremento en actores armados y del negocio del narcotráfico, va de la mano con la creciente disparidad social, que ha ampliado la brecha entre ricos y pobres y que hoy tiene a uno de cada dos colombianos en la pobreza; una taza de informalidad laboral de más del cincuenta por ciento, unos servicios de salud y educación cada día más precarios; lo que en el contexto Latinoamericano ubica a Colombia como uno de los países con más desigualdad social. 

Estos factores sociales y criminales han hecho que  las Fuerzas Armadas y de Policía, se fortalezcan y logren un presupuesto suntuario (el segundo país que destina el mayor porcentaje del PIB en América Latina después de Brasil),  que equivale, a que los llamados por el nacionalismo héroes de la patria, sean los menos interesados en la paz, por el gran flujo de fondos. Se debe enfatizar en que los beneficios que se daría a los militares, como la ampliación del fuero militar, si bien no tienen como objetivo la impunidad, no son los mecanismos ideales para que se investigue y juzgue su participación en crímenes y su apoyo a grupos paramilitares y de narcotráfico; vale la pena hacer el símil entre congresistas vinculados a estos grupos (parapolíticos) que por medio de votos, prebendas o ayuda financiera, lo hacían desde su curul, y militares que lo hacen desde sus insignias con soles.

Es así, como nuestro jugador de Póker pretende hacer una carambola modificando la Constitución, las leyes y así, comprar la voluntad de las Fuerzas Militares y de Policía para intentar una salida negociada al conflicto (recordar como él mismo lo ha dicho en varias ocasiones: que es él, quien tiene la llave de la paz en su bolsillo).  Esto se traduce en tres puntos:

• Proyecto de Justicia transicional, propuesto en acto legislativo por el Senador Roy Barreras, que modifica el artículo 122 de la Constitución, y que permitiría a reinsertados de un proceso de paz con el gobierno, ocupar puestos públicos; e incluye un articulado que comprende la desmovilización de grupos violentos; no solo propone un marco completamente abstracto de instrumentos jurídicos o no, en el caso de un proceso de desmovilización, donde: “se podrá ordenar la renuncia a la persecución penal”, para citar un ejemplo concreto; peor aún, que prácticamente promueve la impunidad a priori, de un acuerdo previo a un acuerdo humanitario (para llamarlo por su nombre técnico) y más allá a una negociación valida y real que termine en una desmovilización de actores armados.  Un marco tan amplio puede llevar a la creación de instrumentos jurídicos, que exculpen de responsabilidad  a las partes, entre estas, las Fuerzas Militares y de Policía; creando impunidad y haciendo mucho más difícil la consecución de la verdad y reparación de las víctimas.  O como lo resume Michael Reed Hurtado (http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2436-el-nuevo-marco-juridico-para-la-paz-una-propuesta-inconveniente.html) : “La propuesta de reforma convierte a la administración de justicia en un bien transable políticamente. Pone en evidencia, para los actores armados, que a lo que hay que temer (o persuadir) no es a la justicia, sino al Congreso.  Triste arreglo que, antes de una eventual negociación con las partes en conflicto, quede claro que el poder que tiene la llave de su futuro es el político y, de antemano, se esté mandando el mensaje de que la justicia no vale, porque todo será negociable, al fin de cuentas”.

• Ley de Justicia y Paz.  uno de los mejores ejemplos de cómo una ley de justicia transicional es aplicada con falencias graves, sin permitir lograr la verdad y otorgar reparaciones adecuadas, entre otras razones por la extradición de los principales miembros desmovilizados que se habían acogido a esta ley (sin previo fallo judicial por parte de la corte); limitando o anulando la posibilidad de que se conozcan los crímenes perpetrados por estos y las organizaciones de las que eran jefes.  Por otra parte, esta ley (ley 975 de 2005), solo cobija a integrantes de grupos desmovilizados antes del 25 de julio del 2005; lo que tiene  gran impacto en la justicia ordinaria, por cuanto muchos paramilitares, se  desmovilizaron después de esa fecha, o confesaron crímenes después del marco temporal que dicta la ley; aumentando el número de casos para la justicia ordinaria.

Previamente, cuando se comenzó a observar este fenómeno, el entonces ministro del interior Fabio Valencia Cossio, envió una modificaron a la ley para que se pudieran acoger individuos que hubieran delinquido después del 25 de julio del 2005, propuesta que fue negada por la  Corte Suprema de Justicia.  Hoy, ante la gran cantidad de casos, la fiscal general Viviane Morales ha sometido a consideración una reforma a la ley para que se amplíe el límite estipulado para quienes han cometido  delitos; además, plantea que se reduzca el número de sesiones para que los victimarios sean escuchados y  se puedan  dictar fallos para conjuntos de personas acogidas a esa ley.  Es este, un ejemplo demostrativo de cómo, porque  exista una herramienta de justicia transicional como la ley de justicia y paz, no significa que pueda emplearse sin unas condiciones preestablecidas y serias en el momento de que exista, o haya existido, una mesa de diálogo entre las partes; y si bien, una ley de esta naturaleza debe facultarse con cierta flexibilidad, su modificación, no debe responder a un colapso por el número de casos en el sistema ordinario judicial; no se trata solo de evacuarlos, sino que, debe darse un equilibrio entre los beneficios que una ley de esta naturaleza ofrece, y la persecución de la verdad y la reparación de las víctimas.  El hecho de entender esta ley como única herramienta para reducir la congestión judicial implica impunidad.  Se ha especulado que esta herramienta de justicia transicional en un eventual proceso de paz, sería incluyente para todas las partes, incluidas las Fuerzas Armadas y de Policía.

• La reforma a la Justicia.  Esta es, tal vez una de las concesiones más grandes que se  da a las Fuerzas Militares y de Policía, ya que amplía el fuero militar lo que significa que los crímenes cometidos por ellos serán juzgados por cortes militares, integradas por miembros de la fuerza pública, retirados o en servicio activo.  Es claro el retroceso al expandir el fuero militar, no solo a la Constitución de 1991, sino que va en contradicción de las leyes de organismos internacionales de los cuales Colombia hace parte, que establecen que los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados por cortes civiles.  Como ya se dijo, el protagonismo de los militares durante la historia del país ha implicado también una gran cantidad de crímenes por parte de la fuerza pública.

Para mencionar varios ejemplos recientes de este accionar criminal por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía tenemos el de las ejecuciones extrajudiciales, llamadas falsos positivos.  Tal vez el más representativo de todos los que se mencionan en este texto, porque las Fuerzas legítimas del orden se valieron de mentiras, secuestro o desaparición forzada, de miles (hasta ahora unos 3000 casos) de civiles que, fueron torturados, asesinados y posteriormente presentados a las autoridades y al país entero como bajas producidas a la guerrilla. Hechos que en parte fueron motivados por los incentivos económicos, vacaciones y promesas de ascenso dentro del estamento castrense en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.  Este caso en particular, (que se puede comparar fácilmente con la cantidad de muertes provocadas por la represión hoy día en Siria o por la cantidad de personas asesinadas en Libia, antes de que la ONU tomara medidas y la OTAN interviniera militarmente), la justicia penal militar no ha hecho sino validar la impunidad; si bien se han producido condenas, son penalmente irrisorias, con  carácter solo punitivo para los subordinados de la fuerza de menor rango. 

Otro caso dramático anterior a los “falsos positivos”, es el de la masacre de La Rochela, donde fueron asesinados doce miembros de una comisión judicial por parte de paramilitares y con la connivencia del Ejército lo, que generó la obstrucción a la justicia desde la toma de pruebas, el debido proceso y el libre accionar judicial.  Algunos apartes que describen lo sucedido se encuentran en: La Rochela. Memorias de un Crimen Contra la Justicia. Informe del grupo de memoria histórica de la comisión nacional de reparación y reconciliación.

“La construcción del modelo paramilitar colombiano, particularmente respecto de otros actores armados, y dada la naturaleza de sus vínculos incluso con aparatos del Estado, contempla como una parte sustantiva de su acción el ocultamiento de la autoría de muchos de sus crímenes, utilizando, entre otros mecanismos, el convertir lo sucedido en invisible”.

“Lo que en un principio se evidenció como una masacre contra el Estado y su institucionalidad judicial, ante la comprobada participación de miembros de la Fuerza Pública en el andamiaje criminal, resultó ser, además, una Masacre del Estado contra el Estado.  Víctimas y victimarios en este caso son parte del Estado”.

Otros dos ejemplos en los que la justicia Penal Militar ha sido concomitante con la impunidad son los del joven Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por un miembro de la Policía Nacional en Bogotá, y el de tres menores que habrían sido abusados sexualmente y asesinados por un oficial del Ejército Nacional en Arauca; en ambos casos los miembros de la Fuerza Pública, manipularon pruebas y versiones, y la justicia Penal Militar ha dilatado los casos, o desviado la atención del público y la justicia ordinaria, sin que por ahora exista más que la sensación de impunidad.

Casos como estos,  desvirtúan y empañan de vergüenza la labor de la Fuerza Pública, la cual ha tenido la responsabilidad de combatir en diferentes frentes contra actores criminales como las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico y la delincuencia común, durante un largo periodo de nuestra historia; particularmente en las últimas cinco décadas de conflicto interno en Colombia.  Esa responsabilidad y ardua tarea, no se puede traducir en violaciones a las leyes colombianas e internacionales. El estamento castrense tiene la difícil misión de luchar por la soberanía, el respeto a la constitución, las leyes y  la justicia.

Para lograr la reconciliación nacional y la paz, no solo se necesitan herramientas jurídicas que permitan la desmovilización y reinserción de los violentos; como también la voluntad política y una legítima disposición de las Fuerzas Armadas y de Policía a contribuir con esta, sin que ello, implique impunidad; diferente es esto de que para lograr la gloria que el actual presidente de Colombia persigue, se compren voluntades especialmente en el estamento castrense con impunidad.  Una gloria así, solo puede significar la perpetuidad de nuestra tragedia.