Como muy pocas veces, Santos desde el inicio de su discurso y como él lo dice, rompiendo cierto protocolo, hasta el final, tomó como ejemplo de la violencia generalizada que ha sufrido Colombia por décadas el caso de una mujer a la cual le fue asesinado su marido, destruida su casa, una mujer desplazada, del mundo rural, una mujer victimizada por la guerra que -cree Santos- acabará con un proceso de paz en la Habana.
Copiando el modo proselitista pero de hecho no de tan buena habilidad oratoria, Santos toma este caso específico del que hablamos como lo hace Obama en sus discursos para cualquier elección o proyecto de ley (Obama healthcare, gun reform, etc); lo grave de este punto tan ilegible no es que se busquen ejemplos, pues estos abundan; lo grave es que frente al ente internacional Santos individualice situaciones sinónimas que afectan a la gran mayoría de los colombianos, mientras en el país el mismo Santos sataniza la protesta social y a esas mismas víctimas, no solo de la guerra sino de sus políticas económicas las llama ante la “opinión pública” terroristas, ayudantes de la guerrilla, infiltrados. Lo que hace mucho mas fácil como se ha visto, victimizarlos una vez más utilizando el aparato estatal represivo; en este caso particular el ESMAD.
Otra sorpresa del discurso de Santos, es la nula mención de Nicaragua durante su intervención. Mientras en el país, el caso de Nicaragua (http://es.wikipedia.org/iki/Fallo_de_la_Corte_de_La_Haya_en_2012_sobre_el_litigio_entre_Colombia_y_Nicaragua), es utilizado como expresión de proselitismo y de nacionalismo, extraña el silencio que Santos mantuvo durante su intervención.
Este segundo punto es importante, ya que en una disputa territorial de lustros, la Corte Internacional de Justicia CIJ (adjunta a la ONU), falló sobre la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua por la delimitación marítima y fronteriza de algunos cayos; en la que Colombia perdió unos 75.000 Kilómetros cuadrados de mar territorial. Se debe recordar, que la CIJ como lo dice su página en internet: “Es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU.” (http://www.icj-cij.org/homepage/sp/), y que sus decisiones no tienen ningún tipo de apelación, solo cierta revisión concerniente a las partes.
Una vez más, vemos como Santos guarda el lógico silencio de una cosa juzgada, ante el ente internacional mientras en Colombia su retórica es completamente diferente. No solo no ha tenido la decencia de iniciar conversaciones con el vecino Centroamericano sobre como, realmente y directamente afecta este fallo a los pescadores y comunidades raizales sino que le ha servido para exculpar a la clase dirigente -de la que él hace parte- la responsabilidad del manejo diplomático de este caso, también como un recurso para apelar al nacionalismo guerrerista mientras se exculpa de su responsabilidad como mandatario y le apuesta a su re-elección.
Pareciera pues que en Colombia es fácil convencer hasta en lo profundo de las contradicciones lingüísticas; como el mismo Santos lo señaló el día 10 de septiembre de 2013: “El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –no es y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”. Pero es que precisamente es por este tipo de razones que tardíamente se aducen que los países firman tratados y acuerdan tener organismos internacionales de control. Pero estos para Santos y la clase dirigente del país parecen mas un accesorio complementario útil solamente cuando de sus intereses personales se trata.
Mientras en Colombia la única opción que dejan las palabras de Santos es la guerra -por su negativa de aplicar el fallo-, y se mojan los periódicos afines al gobierno con titulares donde -según ellos- existe un consenso en el resto de países vecinos que rechaza las acciones “expansionistas” de Nicaragua, la realidad jurídica es muy diferente. Y es aún más vergonzante este episodio, cuando personalidades pertenecientes a la comisión asesora de relaciones internacionales han acusado a la CIJ de manipular el fallo a favor de intereses comerciales chinos -cosa de la cual el gobierno ya se ha retractado oficialmente-; peor aún, se ha ignorado todo tipo de conciliación y de intermediación ofrecida por el presidente Ortega sobre este tema, tal vez -y como se ha hecho siempre- se tenga la creencia en el gobierno, de que ignorar al opositor es una vía legal de disenso o que aceptar la mediación es aceptar el tipo de derrota del que no quieren que les reste votos en la contienda electoral re-eleccionista de Santos.
Cabe anotar la incapacidad de los gobiernos anteriores al fallo e incluso el precedente anterior en 1903 como lo fue la perdida de Panama; así podemos leer: “La incapacidad del gobierno para prestar cuidadosa atención a las negociaciones del canal mientras el país era desgarrado por la guerra civil fue aún más grave, y esto sin mencionar el debilitamiento de la capacidad negociadora de Colombia con respecto a los atractivos de la posible construcción del canal en Nicaragua. Oportunamente, el acuerdo que puso fin a la guerra fue el llamado Tratado de Wisconsin, firmado en noviembre de 1902 a bordo del navío estadounidense de ese nombre estacionado frente a la costa panameña. Al igual que el tratado de paz preliminar suscrito un mes antes por las fuerzas liberales en la región de la costa caribeña, este tratado ofrecía garantías de protección personal para los ex revolucionarios, pero ninguna promesa explícita de reformas políticas. El recurso liberal de la violencia para lograr sus objetivos había resultado, una vez más, contraproducente. El desastroso desenlace del asunto del canal llegó un año más tarde, con la exitosa separación de Panamá.” David Bushnell. 2007. pp. 220.
Por último, Santos concentró buena parte de su discurso justificando el proceso de paz que se adelanta con las FARC; iniciativa que marca un quiebre de la política de los gobiernos anteriores, de la que incluso Santos fue ministro de defensa, pero que como iniciativa tiene gran apoyo de la comunidad nacional e internacional. Los diálogos con las FARC se realizan en La Habana, Cuba desde hace ya casi diez meses; vuelvo e insisto que esta intención del gobierno es no solo de gran sensatez y un giro grande en política después de más de medio siglo de guerra; pero al mismo tiempo es el objeto elector o re-elector del actual mandatario.
Como se viene diciendo a lo largo de estos tres puntos de la alocución de Santos, una cosa es lo que este y sus diplomáticos dicen en el exterior y la otra es como manipulan la política local para su propio beneficio. No existe mejor ejemplo que el acuerdo en La Habana sobre el primer punto de las conversaciones con las FARC, donde hay un compromiso de crear un banco de tierras para los mas necesitados, que la ley de restitución de tierras funcione apropiadamente, una búsqueda de alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos, etc. Un gran despliegue de sensatez y generosidad en mesa de negociación en el exterior, mientras en Colombia la región del Catatumbo se encontraba paralizada por mas de un mes por la renuencia del gobierno a concertar con los productores cocaleros formas alternativas de producción -rentable-, el paro en esta región era también una consecuencia de acuerdos y promesas olvidados por el gobierno, y la represión oficial a la que han sido sometidos los campesinos de la región.
Santos tampoco, durante la duración del Paro Agrario, Popular y Nacional habló de casos específicos -como en la ONU- de la violencia policial. Mientras los campesinos exigían sus derechos y contradecían la política económica neoliberal de Santos y los anteriores gobiernos, dentro de Colombia se criminalizó y estigmatizo la protesta social legítima y Santos solo tubo palabras para las fuerzas militares y policiales de reprimir las protestas y militarizar la capital.
Dentro de este mismo punto, Santos intentó legitimar el proceso de paz y de convencer la legalidad de las alternativas por él propuestas como procesos de justicia transicional que al final del proceso entrarán en efecto para la o las partes en conflicto. Una vez más, Santos parecía pidiendo disculpas y tratando de censurar a muchos críticos -incluidas ONGs como HRW- de los mecanismos que eventualmente empleará la ley para la eventual firma de un acuerdo de paz. No solo en su afán para que la negociación de el fruto anhelado de su reelección, sino que la comunidad internacional legitime la puesta en practica de la ley o leyes que van a llevar a una solución del conflicto
Quien dirige este tipo de iniciativas no puede estar prevenido a las criticas de grupos de derechos humanos sino todo lo contrario, abierto a consensos legales internacionales de los cuales hoy día los países son miembros y están comprometidos, pero más bien parece que en el exterior Santos busca aprobación, mientras dentro de Colombia todo merece un trato como al que le dan a los vecinos: Todo se respeta pero no se aplica.
Acá la intervención de Santos:
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