INTERSECCION IMPUNE

A la memoria de Ernesto Sabato

“...a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.

Erenesto Sabato

Informe de la CONADEP sobre crímenes cometidos durante la dicatura militar Argentina (1976-1983)

Con mas de 25 años de diferencia, estos dos eventos, con protagonistas diferentes pero pertenecientes a los mismos sectores, se pueden comparar: el holocausto del Palacio de Justicia y los falsos positivos; ambos casos protagonizados por el ejercito nacional de Colombia, actuando o pretendiendo actuar contra la guerrilla.  En ambos casos, el ejercito es gestor y responsable de crímenes de lesa humanidad, secuestro, desapariciones forzadas y tortura.

Si bien, la toma del palacio de justicia por la guerrilla del M-19 es un acto reprochable, aun siendo políticamente motivado, no deja de ser un acto de hecho, de fuerza, que está y siempre estará por fuera de la ley, así ayer como hoy, la justicia en Colombia no funcione, más del 40% de las cámaras estén siendo representadas por el narcoparamilitarismo, así el estado no sea garante de aplicar lo establecido por las leyes y la Constitución.  Hay que comprender que estos actos de hecho, se producen en un país donde no existe una equidad social, donde los derechos constitucionales para la mayoría no existen; no intento justificar la acción del desmovilizado grupo guerrillero, pero en Colombia, las vías de hecho históricamente nacen de la represión del estado, por su incapacidad para con sus ciudadanos. Reprochable en cambio, es la actuación del ejercito, que en ningún momento y por ninguna circunstancia se le estaba y -nunca estará- constitucionalmente permitido contener actos criminales usando la fuerza desmedida, secuestrando, torturando y ajusticiando no solo guerrilleros, sino civiles inocentes, muchos de los cuales salieron vivos del palacio y el ejercito se encargo de devolverlos sin vida, manipulando pruebas y en otros casos desapareciendo pruebas y cuerpos.

Este caso es comparable a el de los falsos positivos, donde, una vez más, por ordenes superiores, se necesita mostrar resultados contra la guerrilla, utilizando el conteo de cuerpos como estrategia; lo que llevó a los militares, igual que en el Palacio de Justicia a abusar de su autoridad, secuestrar, torturar y ajusticias jóvenes de estratos bajos (Mas de 3000 casos), para mostrar resultados contra la insurgencia.  Ambos casos, cuentan con la connivencia de las altas esferas estatales. Ejemplos claros de esto: la censura a los medios de comunicación mientras se desarrollaban los hechos en el Palacio de Justicia por parte de la entonces ministra de comunicaciones Noemí Sanin, o la defensa de los militares por parte del EXpresidente Uribe, acusando a las víctimas de  ser terroristas.

¿Por qué comparar dos actos atroces que involucran a las fuerzas armadas?; algunos dirán que es incomparable por el número de víctimas, el numero es irrelevante cuando víctimas existen, peor aún, cuando son víctimas de estado.  Pero es que estos dos hechos confluyen una vez mas encarnados en la figura del actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Cuando con sus declaraciones esta semana criticó la condena dada por la Corte Suprema al general Arias Cabrales (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-266423-santos-califica-de-injusta-condena-contra-arias-cabrales), a 35 años de cárcel por crímenes cometidos durante la retoma de palacio; crítica que contradice su promesa de no interferir sobre la justicia en su discurso de posesión: “Como demócrata integral, creo y defenderé siempre la independencia de la justicia en Colombia, condición esencial de la separación de poderes, que es el alma de la democracia moderna. Por eso hoy reitero mi invitación a las Altas Cortes para que trabajemos en completa armonía, buscando una justicia pronta y eficaz para todos los colombianos, y combatiendo la impunidad, que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Restableceremos el Ministerio de Justicia como un Ministerio de Justicia y de los Derechos que articule una política de Estado para fortalecer la justicia y proteger los derechos fundamentales. Será un ministerio que no sólo tendrá interlocución con el Poder Judicial sino que liderará la estrategia jurídica del Estado, preservará la coherencia legislativa y velará por la formación de los abogados. UN MINISTERIO, MÁS QUE RESPETUOSO, GARANTE DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL”.

Al parecer todo queda en papel.  Esa intersección de la que hablo, la que ocupa hoy Santos como antes la ocupó Uribe es la que trata por todos los medios de que prevalezca la impunidad, ejemplo del pasado gobierno este cable de Wikileaks (http://www.wikileaks.ch/cable/2009/02/09BOGOTA542.html), que muestra la resistencia de oficiales activos a la investigación de los asesinatos en el caso de los falsos positivos; peor aun, la oposición de generales retirados como Montoya (ex-comandante de la brigada 17), o Rito Alejo del Rio y personajes como Fernando Londoño tratando de bloquear cualquier iniciativa por detener estos abusos por parte del entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, cuando ya era tarde y la iniciativa salía del escándalo.  Hasta la fecha del cable (Febrero 20 de 2009) el ministerio de defensa había retirado de las fuerzas militares un total de 51 miembros incluyendo oficiales, suboficiales y soldados; 27 de estos, solo por el caso de Soacha. 

No solo basta con criticar el papel de la justicia y sus cortes, una vez más, esta semana el presidente Santos acude a esa intersección de la impunidad para resaltar la captura de tres personas, supuestamente o él supone o quiere que todos supongamos (porque no habido juicio) autores materiales del asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona; que llevaba el caso ¡oh paradójico! del oficial del ejercito que violó y asesino a tres menores.  Así, fue como al mejor estilo de creación de otro falso positivo el presidente Santos dio todos los detalles del asesinato y dicto veredicto: "Esta mañana se resolvió el asesinato.  Hay tres detenidos, al parecer milicianos del ELN" (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-266395-capturan-los-presuntos-responsables-del-crimen-de-jueza-de-arauc).  Resuelta la paradoja, no excusa los actos criminales perpetrados por los militares.  La intersección de la que hablo, es ese punto de poder encarnado por los mandatarios de turno para criticar el papel de la justicia, entorpecerlo; y para que otros casos simplemente se limiten a ese estado de la inercia, tan común en nuestra Colombia como es la impunidad.

  

Otro aparte del prologo de Sabato sobre la dictadura Argentina, relevante a nuestra realidad de impunidad: “De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de «excesos individuales»? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la delegación argentina, General Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores» . Así, cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los «excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia» , revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados”.         http://www.losderechoshumanos.com.ar/sabato.htm