Conflicto o no conflicto; mas bien parece una disputa concertada para desviar la atención de todo el mundo, especialmente de los medios de comunicación que en su afán por sus titulares de escándalo amarillista, solo hecha leña al fuego; pero la realidad, cualquiera sea la diferencia de fondo (dialéctica) si existe o no el conflicto, o si esa frase es acuñada en un proyecto de ley, solo se debe a que existe un gran interés de no reconocer dentro de la ley de víctimas, a la que solo le falta una sesión para ser aprobada; a todas aquellas personas que han sido victimizadas por la delincuencia común, teniendo en cuenta que el gobierno ahora llama delincuentes comunes a las BACRIM; organización criminal no heredera pero que tiene activa todas las estructuras paramilitares, pero sin las mismas cabezas visibles; lo que nos lleva al problema dialéctico de fondo, del cual se piensa aprovechar el ejecutivo para, protegiendo sus intereses presupuestarios; por que es preferible ver que partidas del presupuesto sean mejor repartidas dentro de la corrupción oficial, como hemos visto con ejemplos claros como el de la salud, o el de los Nule y tantos otros que le quedan pequeño al etcétera al final de la frase, que reparando a las víctimas de un conflicto que existe por mas de media centuria.
Tanto Uribe como Santos en su disputa -si es que existe- se salen con la suya; siendo su diferencia simplemente semántica; ya que Uribe insiste en que si se dice que hay conflicto interno en Colombia, es por antonomasia una forma de dar un estatus de importancia a la guerrilla y que los vecinos, ósea los países que él repudia por su independencia y su ideología diferente no nombren a la guerrilla como Uribe quisiera que la nombrara todo el mundo, no FAR sino terroristas. En una carta enviada al ejecutivo Uribe da a conocer diez puntos por los cuales no se debe acuñar este nombre; si nos detenemos en el numeral siete podemos leer: “7. En el pasado nadie aceptó reconocer conflicto interno con los paramilitares. Tanto estos grupos como las guerrillas han sido igualmente destructores del Estado Social de Derecho, lo cual exige trato idéntico”. Sí, completamente deacuerdo que se de un trato idéntico, lo que no hizo Uribe en su gobierno con la pretensión de que se diera estatus de beligerancia a los paramilitares. Mientras tanto Santos, solo está interesado en acuñar el nombre de conflicto interno para señalar a grupos bien conformados alzados en armas, y que aquellas víctimas que quedan dentro de la fecha de expiración que contempla la ley, no estén cobijadas, las víctimas reales por un conflicto interno, que son las producidas por la delincuencia común, siendo esta, la que pone el mayor número de asesinatos y crímenes en el país. Esa delincuencia común en donde quieren enmarcar a las BACRIM como sus siglas y juego dialéctico lo dice: Bandas criminales, donde, sin título de rigor los muertos que ponen estas no pueden ser cobijados ni reconocidos por la ley ni el gobierno, ¡ni mas faltaba!.
Así que en la batalla dialéctica-semántica que desvía la importancia del asunto, Santos y su predecesor salen ganando; ya que si se consideran a las BACRIM delincuencia común, da pie para eximir de culpa la pantomima de desmovilizaciones paramilitares; convencer de que las BACRIM son un fenomeno nuevo es reconocer como verdadera la desmovilizacion paramilitar, donde el gobierno anterior habla de mas de 30,000 paramilitares desmovilizados, y en los últimos Twitteres de Uribe habla de mas de 50,000; siendo el número relevante para otras cuestiones; desconoce aquí, que los desmovilizados reales, que solo pudieron ser solamente unos cuantos y los que nunca se desmovilizaron son los que forman parte de las nuevas bandas criminales, dialécticamente hablando paramilitares sin nombre propio. Bandas que continúan perpetrando los mismos crímenes y tratando de monopolizar el negocio del narcotráfico.
Gana la seguridad democrática, gana la prosperidad democrática y sin cabezas visibles, ya que Uribe unilateralmente extradito a los jefes paramilitares, da una razón de mas para el gobierno de juzgar como delincuencia común algo sin cabeza, que tiene los mismos integrantes, crea la misma violencia, produce los mismos actos terroristas y hace las ciudades invivibles, Ahora resulta que estos que no tienen nombre propio sino un apodo para generalizar los grupos que, desde las convivir, hasta el narcoparamilitarismo ha existido; esa ausencia de nombre, simplemente es utilizada, para soportar la tesis de que se desmovilizo, que se hizo la paz y una ley de reinserción que flagrantemente se violó; y librar de responsabilidad de actos terroristas a estas bandas calificándolas solo como delincuencia común. Ponderar el crimen según como sean calificados quienes lo sufren es desconocer el conflicto humanitario en el que se encuentra el país.
Gana Uribe, Santos y las BACRIM. pero la responsabilidad para con las víctimas, todas las víctimas así sean las de la delincuencia común causada por la falta de empleo, por el desplazamiento forzoso, por el invierno, por la falta de garantías constitucionales, es responsabilidad última del gobierno. Ese gobierno tan interesado en presupuestos, que nunca se ha preguntado ahora que esta tan preocupado de no reparar a las víctimas de la mal llamada delincuencia común, cuanto vale para el estado sostener un criminal, cuanto vale el aparato carcelario.
Así que no dejemos que desacuerdos semánticos nos distraigan de las malas intenciones y la discriminación que se piensa hacer de las víctimas. No juguemos a que, por no poner nombres o títulos a los actores criminales conformados por los entonces paramilitares tienen que excusarse o verse como delitos de un rango menos grave llamándolos delincuencia común; es repudiable cualquier acto violento, especialmente contra la población venga de donde venga; y la constitución nacional manda a la protección y vida de todos los ciudadanos sin que por ahorrar en un presupuesto de una ley, los victimarios sean menos peores unos que otros.
Notícula: Si cabe alguna duda sobre la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, y ya que se tiene encuenta el presupuesto nacional para tomar cualquier acción beneficiosa con las víctimas; es importante conocer y evaluar las partidas presupuestarias asignadas a las fuerzas armadas.

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