Notaría, ¿Notaría?

Definitivamente cuando uno sobrevive la historia de Colombia en los últimos tres períodos presidenciales, no hay frase más unánime para definir en su conjunto a estos que la atribuida a K. Marx cuando parafraseando a Hegel dice: "La historia se repite a sí misma, primero como tragedia y luego como farsa"; Luego agregaría Herbert Marcuse: "Algunas veces, la repetición en forma de farsa, puede ser más terrible que la tragedia original".

Hace ya más de un lustro, los colombianos fuimos testigos de como, para ser aprobada la reelección presidencial en el Congreso de la República, se compraron conciencias, se cometieron cohechos, se repartieron notarías como favores políticos a cambio de votos para que esta iniciativa fuera aprobada.  Uno de los casos más conocidos fue el del ex representante Teodolino Avedaño.

Tal como lo expuso la revista Semana: “Tras la condena a los ex representantes Teodolino Avendaño y Yidis Medina por haber recibido prebendas a cambio de su voto favorable al proyecto de reelección se destapó el caso de la feria de las notarías. Éstas presuntamente fueron entregadas por el Gobierno como “forma de pago” a los congresistas.

En el proceso, el testigo clave fue el propio ex Súper Intendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, quien con documentos en mano, entregó una relación de los políticos que posiblemente fueron beneficiados con la entrega de las notarías a cambio de su voto favorable al proyecto de reelección que abrió la puerta para que Álvaro Uribe se presentara a las elecciones de 2006”. http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=139017 Y : “El ex superintendente de Notariado y Registro le confesó a la Corte Suprema cómo se entregaron más de 30 notarías para pasar la reelección”. http://www.semana.com/politica/ventilador-notarias/125628-3.aspx

Una vez aprobada ilegalmente la reelección presidencial es posible decir que aunada a los ya trágicos primeros cuatro años en la presidencia del ahora expresidente Álvaro Uribe Velez, la historia se repetiría una vez más fuera de la legitimidad legal como farsa.

Esta farsa o ilegalidad corroborada por la Corte Suprema de Justicia, no impidió que el elegido por un cuatrienio más a la presidencia de la república cumpliera el termino de la misma, e incluso que promoviera un referendo para -una vez más- ser elegido por un tercer período presidencial, algo así como la repetición de la farsa dentro de la farsa.

Ante el fallo negativo a una tercera reelección presidencial, el nuevo presidente de Colombia sería Juan Manuel Santos.   Una de las más recientes iniciativas de su gobierno es la reforma a la justicia; donde las notarías vuelven a ser protagonistas en la historia del país.  En este caso particular se les enmarca en la modificación a la Constitución Política numeral cuarto del TEXTO APROBADO POR LA COMISION PRIMERA DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 07 DE 2011 DE SENADO: 

ARTÍCULO 4°.  El artículo 116 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

La ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinados empleados judiciales, salvo recaudar pruebas, proferir sentencias o decisiones que pongan fin a los procesos.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

La ley podrá atribuir, excepcionalmente y a prevención, función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas de carácter técnico. Las decisiones que le pongan fin a estas actuaciones serán apelables ante las autoridades judiciales, salvo las excepciones previstas en la ley. Sin embargo, no les será permitido juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por la ley o por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

De manera excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje y/o conciliación.

Teniendo como antecedentes el uso de las notarías como herramienta ilegal por parte del ejecutivo, para comprar votos en el Congreso que garanticen la aprobación de sus iniciativas legislativas; existen otros dos puntos fundamentales, por los cuales no se les debería investir a éstas con funciones jurisdiccionales: la legalización del despojo de tierras en todo el país y el riesgo de que los actores que impartan justicia pertenezcan a sectores privados que no garanticen el mandato de la Constitución Política de Colombia, en el sentido de que todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado en instancias jurídicas y a un juez; investir como jueces a terceros es  deslegitimar el trabajo de los miembros judiciales y privatizar la justicia.

Despojo de Tierras.

El martes trece de diciembre fue aprobado por la Cámara de Representantes, el artículo que confiere funciones jurisdiccionales a los notarios; esto se traduce en más poder para muchos que están involucrados con el despojo de la tierra en el país.  Se calcula según las cifras oficiales el robo de más de medio millón de hectáreas de tierra. Las que fueron legalizadas a través de notarias.  Como consecuencia de estos actos, miles de campesinos y legítimos dueños de la tierra se convirtieron en desplazados por la violencia, ya que grupos armados ilegales como los paramilitares, fueron los encargados de desplazar a los dueños de las tierras para que éstos mismos grupos o empresas privadas y multinacionales pudieran luego hacerse a los títulos de las tierras, lo que se hizo con el concurso de notarios que fueron sobornados o estaban vinculados con grupos paramilitares, que como el resto de instituciones públicas y privadas fueron permeadas por este fenómeno en todo el país, incluido entre ellas el Congreso de la República.

En declaraciones a los medios,“El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar aseguró que mediante prácticas fraudulentas y en la penumbra de las notarias y oficinas de registro del Estado delincuentes le robaron al Estado Colombiano miles de hectáreas de tierras”. (http://www.caracol1260.com/noticia/el-despojo-ilegal-de-tierras-afecta-a-todo-el-pais-minagricultura/20110826/nota/1537602.aspx).  También el Súper Intendente de Notariado y Registro habla sobre las investigaciones que se adelantan sobre este aspecto: (http://www.youtube.com/watch?v=EvqPu5AXvi0).  Así que, en el ejemplo hipotético, en el que un notario con facultades de juez esté frente a un caso de disputa por tierras, ¿tendrá este, la investidura legal frente a los antecedentes expuestos?; y es aquí donde la repetición en forma de farsa, va a llegar a ser con todo el apoyo del Estado más terrible que la tragedia original.

La Privatización Inconstitucional de la Justicia.

El argumento del ejecutivo para introducir este cambio constitucional que confiere funciones jurisdiccionales a los notarios se debe a la gran congestión en que se encuentra el sistema judicial; si bien la reforma a la justicia incrementa el presupuesto en un dos por ciento más que la inflación y se tiene destinado un billón de pesos que será asignado a esta rama durante los próximos cinco años, a los casos existentes ya acumulados se aúnan la gran cantidad de otros, producto del conflicto armado, iniciativas como la ley de justicia y paz y la enorme corrupción administrativa de los anteriores dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Velez. Tragedia y farsa respectivamente.

Este argumento a todas luces va en contra de la Constitución y convenios internacionales, ya que el servicio que prestan las notarias está motivado por el animo de lucro, mientras la justicia es un derecho constitucional de cada ciudadano.  Además, los gastos de operación de los notarios para impartir justicia serían cubiertos por el Estado, como lo cuestiona Maria Del Pilar Arango: “¿Implicará la reforma que el Estado destine recursos para adecuar y dotar las instalaciones donde los notarios atenderán a los usuarios? ¿Por qué esos recursos no se destinan a contratar personal capacitado para la administración de justicia?”. También agrega: “Ante la gigantesca congestión en los juzgados, se propone trasladar los casos a notarios y abogados para que decidan en primera y única instancia. Esta fórmula peregrina y pseudocreativa en realidad es injusta, regresiva, inconveniente, contraria a los tratados internacionales…y además es inútil. No hay otra solución que contratar más jueces”. ( http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2614-la-congestion-judicial-pretexto-para-privatizar-la-justicia-.html).  No es claro el mecanismo de selección o financiación económico con el que contará el Estado para hacer posible que esta gestión jurisdiccional se realice.

Para finalizar, Así como lo ha dicho el presidente de la república en varias de las iniciativas que ha impulsado en su gobierno -como la ley de víctimas-, dando a entender que lo que persigue el Estado y su gobierno es aplicar justicia, reparar a las víctimas y que los delitos no queden en la impunidad; reformas como esta que impulsa su gobierno son todo lo contrario a estas declaraciones. Ejemplo de esto son las personas a las que se quiere adjudicar esta función de jueces que en muchos casos no son idóneas, no solo por su falta de experiencia en la rama judicial como por los antecedentes de corrupción que los comprometen para investirlos con tan delicada función.  Casi se podria decir que la restitución de tierras que promueve la ley de víctimas la contradice la reforma a la justicia, cuando los directos responsables de legalizar el despojo de tierras, se les pretende dar funciones jurisdiccionales, lo que se traduce en más poder para estos últimos.

Esta reforma a la justicia en términos generales, pareciera que persigue la privatización de la misma, cuando usa terceros para descongestionar los juzgados, impunidad para miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía que hayan cometido crímenes, ampliando el fuero militar y permite que funcionarios encargados de vigilar y supervisar al Estado y sus organismos, sean solo elegidos por el Congreso sin la intervención de las altas cortes, lo que implica que el ejecutivo tenga siempre la posibilidad de proponer ternas para Procurador General o Contralor, no por méritos ni calidades, sino que sea una elección nepótica y partidista.

En fin, no puede uno más que pensar cuando se analizan estas iniciativas que enmiendan la Constitución y van en contra de todo principio ético, que en gran medida Herbert Marcuse tenia la razón: “Algunas veces, la repetición en forma de farsa, puede ser más terrible que la tragedia original”, y eso, es lo que los colombianos estamos descubriendo con Juan Manuel Santos.